El Ministerio de Trabajo ha dado marcha atrás en una de las medidas que contemplaba el Anteproyecto de Ley de incentivos a la contratación. Se trata de la relativa a las bonificaciones para contratar a las personas con discapacidad. El borrador contemplaba eliminarlas, lo que provocó la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Este punto, recordemos, se había redactado sin el conocimiento de la organización.
Tras las protestas, el Gobierno ha anunciado a la organización que mantendrá íntegras las ayudas a la contratación hasta ahora establecidas. Por otro lado, ha señalado que cualquier decisión normativa futura sobre las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad se llevará a cabo a partir de las conclusiones y recomendaciones de Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad. Este se encuentra en fase de elaboración en estos momentos.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo también ha explicado que promoverá una solución normativa para restaurar la asimilación legal entre situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social y grado de discapacidad del 33% a efectos laborales.
CERMI valora la buena disposición del Gobierno
A pesar de la polémica acaecida estos días, CERMI ha reconocido la disposición al diálogo del Ejecutivo y ha celebrado la decisión de dar marcha atrás en este punto del anteproyecto.
La eliminación de las bonificaciones para la contratación del colectivo habría representado un varapalo para los centros especiales de empleo que le ofrecen trabajo. Se calculaba que un total 1,9 millones de trabajadores y decenas de miles de empresas y centros de empleo se habrían quedado sin la posibilidad de acceder a estos incentivos.
En España se calcula que hay unos cuatro millones de personas con discapacidad. De ella, solo 1 de cada 4 tienen empleo.
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