Cerca de dos millones de personas con discapacidad que en la actualidad pueden trabajar en empresas ordinarias y en centros especiales de empleo se pueden ver afectadas por la reducción de las ayudas para contratar a este colectivo.
En concreto, esa propuesta del departamento que dirige Yolanda Díaz ha provocado que unas seis mil asociaciones que atienden a las personas con discapacidad hayan levantado la voz después de que el viernes acabase el plazo de consulta pública del anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad.
Si se reduce la ayuda para contratar a personas con discapacidad en España, representaría un duro golpe a 2.300 centros especiales de empleo que ofrecen oportunidades laborales a este colectivo y al Grupo Social Once que dispone en plantilla de un 59% de empleados con discapacidad.
La normativa que prepara Trabajo elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad. Solo para los contratos de carácter indefinido se establecen unas bonificaciones lineales, iguales que las que se aplican a las empresas ordinarias. Sucede lo mismo con el Grupo Social ONCE, que cuenta con esta bonificación desde 2012 para las personas con discapacidad.
En concreto, el anteproyecto de ley establece bonificaciones por contratación indefinida de personas con discapacidad de 366 euros al mes durante toda la vigencia del contrato, tanto en el mercado de trabajo ordinario como en el protegido y también se aplicará en las conversiones de temporales a indefinidos, durante toda la vigencia del contrato.
En España, residen en la actualidad unos cuatro millones y medio de personas con discapacidad. Las estadísticas nos muestran que solo una de cada cuatro tienen un empleo.
Tanto las asociaciones de personas con discapacidad reunida en el Cermi, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, como la Federación Española de Centros Especiales de Empleo (Feacem) han mostrado el rechazo ante la propuesta del ministerio y esperan que se abra un proceso de diálogo sobre este tipo de ayudas.
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