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Nº Parados 23/09/2018

SEPE
3182068
EPA
3490100

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El diario ABC que ayer destapó la investigación, realizada por la fiscalía para detectar irregularidades en las ayudas que la Unión Europea concede a la creación de empleo en Andalucía, calcula ahora que un total de 1.600 empresas pueden estar involucradas en esta práctica fraudulenta que puede rozar los 25 millones de euros. Parece ser que este tipo de operaciones comenzaron en 2009 y también se investiga si existen intermediarios que se pudieron beneficiar de ellas.  

Siempre según ABC, las estimaciones señalan que la Junta andaluza podría haber repartido incluso más de 25 millones de euros en estas concesiones de ayudas al empleo que se vienen produciendo al menos desde el año 2009, es decir, bajo la presidencia de Manuel Chaves (que dejó el cargo en abril de ese año para ser sustituido por el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán).



Solo unas horas después de que este periódico diera cuenta de las investigaciones abiertas por la Guardia Civil, a instancias y con el impulso de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confirmó en Sevilla que las pesquisas sobre fondos europeos canalizados por la Junta se llevaron a cabo durante seis meses y después fueron prorrogadas ante el alcance de los hechos perseguidos y el volumen del presunto fraude.

Además, Pumpido explicó que la investigación está casi concluida y que en breve se va a enviar a los órganos judiciales correspondientes. El fiscal general no detalló, en cualquier caso, si la judicialización del caso se producirá antes o después de las elecciones del 22-M.

El mecanismo de fraude en los programas de apoyo al empleo seguía un esquema común. Una empresa radicada en alguna de las ocho provincias se ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta andaluza y contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención fijada por esa contratación. El empresario daba de alta en la Seguridad Social a los nuevos trabajadores, pero solo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda. Cuando pasaba ese periodo (a veces solo unos días), despedía a los empleados y se embolsaba el beneficio.

Además de las consecuencias penales que pueda tener esta operación, ya muchos se plantean las responsabilidades políticas. El diario ABC señala directamente a los responsables de la Junta de Andalucía que según fuentes judiciales citadas por el periódico, podrían haber tenido una actuación como mínimo negligente en este asunto.

Sin embargo, el consejero de Empleo andaluz, Manuel Recio ha aclarado que la investigación sobre el posible fraude en la concesión de las ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo en Andalucía es “fruto” de una investigación de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo para la cual se ha solicitado colaboración a su Consejería debido a que el departamento colaboraba con el Ministerio de Trabajo “en la gestión y el control” de estas ayudas.

   En declaraciones a los periodistas en Minas de Riotinto (Huelva) donde ha visitado un taller de empleo, Recio ha indicado que su departamento ha colaborado con esa investigación en diversas ocasiones “como no podía ser de otra forma”, a la par que ha explicado que se trata de bonificaciones que “no son de la Consejería sino del Ministerio de Trabajo” dirigidas a consolidar el empleo, ya que “se pasaban contratos temporales a contratos fijos” o bien para que “se contrate de forma fija como primera opción”.

   “Nosotros no tenemos conocimiento de lo que son los resultados de lo que es esa investigación y en el caso de que hubiera habido alguna mala utilización se trata de un trabajo conjunto que llevamos la Consejería con la Inspección de Trabajo del Ministerio”, ha matizado el consejero, que ha dejado claro que cuando tengan esa información y “si hay alguna irregularidad, como siempre, se solicitará la devolución de aquel dinero que hubiera sido mal utilizado”.

   En esta misma línea, Recio ha señalado que los controles se establecían de forma “aleatoria”, es decir, se elegía un número de empresas que se han visto beneficiadas por esas bonificaciones y en base a esa inspección, de carácter aleatorio, “si se ve algún tipo de infracción, se pasa a la petición de devolución de la cuantía que se hubiera sido utilizada”.


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