El índice de temporalidad de las pymes comerciales solicitantes ha de ser inferior al 20% en la fecha de inicio de la contratación o ampliación de jornada por la que se solicita la subvención.
Deberán formalizarse con personas que en la fecha de inicio de la misma se hallen desempleadas e inscritas como tales en el Servicio Público de Empleo, menores de 30 años de edad y desempleados de larga duración, entendiendo por tales aquéllos cuyo período de inscripción como demandantes de empleo, no ocupados, en el Servicio Público de Empleo sea, al menos, de 12 meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención.
También personas que no sean desempleadas de larga duración en los términos expuestos, que sean víctimas de violencia de género; víctimas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que tengan reconocida una incapacidad permanente derivada de dichas contingencias, o sus causahabientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad; perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, así como los participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo; personas cuya situación de desempleo sea consecuencia de un despido colectivo autorizado por la autoridad laboral o comunicado a la misma, y que haya tenido lugar en algún centro de trabajo de Castilla y León; y ex toxicómanos rehabilitados, ex presidiarios y personas pertenecientes a minorías étnicas.
