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Nº Parados 20/08/2018

SEPE
3135021
EPA
3490100

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Todos hemos asistido con estupor estos días a la reacción como mínimo imprudente de las autoridades alemanas sobre la relación del pepino español y la bacteria E. Coli que está causando una grave crisis alimentaria, con decenas de afectados y cifras de muertes que aumentan día a día. La alerta sin pruebas que se difundió sobre el producto español, ya ha costado pérdidas millonarias en el sector y ha afectado también al empleo de centenares de personas.  

Aquí no vamos a juzgar el comportamiento de las autoridades españolas porque no tenemos un grado suficiente de información como para pronunciarnos. Ni siquiera ahora mismo sabemos cuál es el origen de esta intoxicación que en un principio se atribuyó de forma demasiado alegre al sector hortofrutícola español. Está claro que muchos países han aprovechado la coyuntura para cargar contra nuestros agricultores, como en el caso de Francia sin darse cuenta del efecto boomerang que podría tener para ellos, al prohibir algunos países las exportaciones de toda la Unión Europea.



El problema que más nos preocupa, es cómo se va a compensar todo esto. La propia Angela Merkel, al parecer, ya se ha mostrado dispuesta a que la Unión Europea indemnice al sector afectado por cuantiosas pérdidas. Tampoco entraremos en el debate sobre si ese coste lo debe asumir Bruselas o el gobierno alemán porque lo importante para los afectados es que el dinero llegue, sea de un origen o de otro.

Sin embargo, hay que tener en cuenta una circunstancia importante. Esas indemnizaciones, en el caso de que lleguen, serviría para compensar a los titulares de las explotaciones afectadas por la reducción de ventas y de exportaciones. Pero ¿quién va a compensar a aquel trabajador o trabajadora que ha perdido su empleo por esta circunstancia?

Hace algunos días, un reportaje publicado por el diario El País cifraba en 550 personas, entre eventuales y fijos discontinuos, los que se habían quedado sin trabajo sólo en la provincia de Almería mientras que en Granada se calcula que podrían ser un centenar. Quizás son cifras aún preliminares y habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas la crisis para concretar un poco más el número de afectados.

De hecho, los sindicatos UGT y CC OO ya han pedido al gobierno que se haga un estudio en profundidad del número de personas que se han quedado sin trabajo en un momento en el que no estamos precisamente para perderlos alegremente.

Nuestra duda es la lógica de siempre. Los titulares de explotaciones podrían tener sus compensaciones justas por las toneladas de producto que han tenido que tirar a la basura pero ¿y los trabajadores? Esos que no han podido ser contratados en la campaña de recogida, o incluso, en el sector del envasado y la comercialización del producto, o aquellos transportistas que han estado de brazos cruzados por no poder trasladarlos. Todos estos colectivos también han resultado afectados y en muchos casos, resulta difícil evaluar exactamente el dinero que han dejado de percibir. Compensarles va a ser poco menos que imposible, con lo cual se convertirán en las principales víctimas de la crisis del pepino.

Nos gustaría equivocarnos pero siempre los más débiles son los que acaban convirtiéndose en los paganos de situaciones como ésta. Lamentable, muy lamentable.

 

Javier Peña
Periodista
Director Portalparados

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