En total se ha constatado que, hasta el momento, el fraude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, asciende a 440.000 euros.
Junto al empresario arrestado en el barrio de Las Seiscientas de la capital, se han detenido a otras 64 personas, falsos trabajadores de su empresa, que simulaban una relación laboral para generar los requisitos legales que les condujeran al subsidio de 426 euros mensuales por desempleo, y a los que se les imputa delitos de defraudación tributaria y falsedad.
El arrestado percibía 300 euros por expedir esos documentos laborales, además de las cuotas mensuales a la Seguridad Social que cada falso trabajador le abonaba y que él nunca ingresaba en la Tesorería General.
Paralelamente, esta persona también contrataba a ciudadanos extranjeros, previo pago de cantidades que oscilaban entre los 250 y 300 euros, para regularizar su situación administrativa en nuestro país.
Hay 23 personas detenidas en Albacete y 11 en el municipio de Hellín; 7 en Vera (Almería); otros 3 en Calasparra, 1 en Cieza, 2 en Alcantarilla y 1 en Totana, todas localidades de Murcia.
Además han sido detenidas 3 personas en Béas de Segura y 3 en Linares, en la provincia de Jaén y 6 en Novelda y 5 en Elche, en Alicante. A todos ellos se les imputan delitos de defraudación tributaria y falsedad.
La operación destapó que en los últimos cinco años la citada empresa había contratado a 81 personas, algunas de ellas residían a más de 300 kilómetros del supuesto centro de trabajo.
Los falsos trabajadores eran contratados para diversos servicios;las mujeres principalmente como personal de limpieza de oficinas, hoteles o camareras de pisos, y los hombres en oficios como peones de la construcción de edificios o trabajadores en hormigón armado, encofradores, ferrallistas y asimilados.
La mayoría de estos contratos laborales habían generado a sus titulares el derecho a percibir las prestaciones de subsidio por desempleo, aunque los investigadores comprobaron que en ese tiempo no se había tramitado ninguna licencia de obra mayor o menor,y otra prestación de servicios.
Además de esta prueba, la sede de la supuesta empresa, que coincide con el domicilio del detenido, carecía de herramienta o útiles indispensables para la actividad de la misma, ya que el objetivo social de la sociedad del falso empresario era la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, compraventa o el arrendamiento de bienes inmuebles.
