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Nº Parados 22/06/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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En los últimos días, el diario El Mundo ha publicado varias informaciones acerca de la utilización por parte de responsables de la UGT de Andalucía de fondos destinados a la formación para desempleados a otros fines distintos. Desde la publicidad contratada en algunos medios de comunicación sobre la huelga general al pago de su revista, son los usos espurios que denuncia este periódico.  

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Siempre hemos tenido una sensación extraña sobre la utilización del dinero que se debía destinar a los cursos de formación para desempleados. No sólo en UGT, también en otras organizaciones sindicales, empresariales, en instituciones, etc. Sólo con echar un vistazo al listado de determinados cursos, uno sospecha que el verdadero interés es gastar ese dinero que llega desde el Ministerio de Empleo o Europa sin atender al verdadero objetivo: mejorar la empleabilidad de la persona que se encuentra con expectativas de mejorar su formación.



En una intervención en el programa “Salvados” de La Sexta ya denuncié este tipo de actuaciones y puse como ejemplo que algunos ayuntamientos aún ofrecían cursos de albañiles cuando las cifras de paro en el sector de la construcción son alarmantes.

Pero una cosa es la sospecha y  otra es cuando ya se ponen encima de la mesa actuaciones supuestamente ilícitas por parte de alguna entidad u organización, como es el caso de la UGT de Andalucía. En ese caso, pasamos de las elucubraciones a las sospechas reales, sustentadas en una serie de documentos que merecen como mínimo una explicación clara y rotunda de los dirigentes ugetistas.

Al igual que he criticado la actitud del PP y del Psoe cuando han atribuido a una campaña de desprestigio las actuaciones judiciales por la Gurtel o los Eres de Andalucía, considero inadmisible la reacción de UGT de Andalucía que lanzaban críticas furibundas sobre las oscuras intenciones de esas informaciones y se negaban a aclarar sus cuentas.

Lo más sencillo, lo que dicta el sentido común es que ante una denuncia periodísitica de estas características, sólo caben dos caminos. Si los documentos son falsos, se convoca una rueda de prensa y se ofrece una información clara y meridiana de las cuentas destinadas a cursos de formación. Si lo publicado es cierto, sólo queda el camino de depurar responsabilidades, apartar de la actividad sindical a los responsables, a la espera de lo que pueda decidir la fiscalía que ha abierto la investigación.

Lo curioso es que en este caso, no se ha producido ni una cosa ni la otra. Se ha optado por un comunicado en el que se “mata” al mensajero, se atribuyen sus informaciones a oscuras conspiraciones y se niega todo pero de una forma similar a la que lo haría una persona infiel a su pareja.

Yo no soy de esas personas que se apuntan a la moda de decir que los sindicatos deben ser “eliminados”. Incluso, la organización Manos Limpias ha pedido la suspensión cautelar de este sindicato por corrupción generalizada. A mí esto me parece una barbaridad porque de hacerse con UGT, podríamos extender la medida a partidos políticos, organizaciones empresariales, ayuntamientos y un largo etcétera. La conclusión sería evidente: nos quedaríamos sin democracia de un plumazo.

Es más, las responsabilidades penales, si las hubiera, son siempre de carácter personal y son las personas las que deben pagar por sus actuaciones delictivas.

Pero una cosa es que algunos aprovechen que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar la eliminación de una organización sindical y otra cosa es que los responsables de UGT en Andalucía permanezcan callados antes acusaciones tan graves.

Es inadmisible el silencio o las explicaciones vagas cuando estamos hablando de un presunto delito. La transparencia debe ser para todos. Las ventanas de todas las organizaciones se deben abrir de par en par y si hay prácticas como mínimo dudosas, deben ser erradicadas de forma contundente y clara. Eso es lo mínimo que podemos exigir a estas alturas.

 

Javier Peña
Director Portalparados.es

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