Como siempre en estas guerras de irregularidades, corruptelas y demás situaciones, algunos prefieren dedicarse a pelear sobre la cuantía de lo defraudado en unas regiones u otras en lugar de reflexionar sobre lo principal que es ese sistema que permite, y me atrevería a decir que fomenta, el uso de dinero público en beneficio de bolsillos privados.
Y por ahí deberíamos empezar con nuestro amigo, el marciano. Hace ya algunos años, mi intuición me llevaba a afirmar que los cursos de formación para desempleados estaban destinados a que algunos se forrasen más que a lograr el objetivo fundamental que deberían de tener para mejorar la empleabilidad de los que buscan un trabajo.
En aquel entonces, tampoco teníamos demasiados datos. No teníamos desde esta modesta web la posibilidad de investigar en profundidad el destino de esos fondos pero no hacía falta ser un mago de las finanzas para comprobar que la escasa utilidad de esa formación escondía otros fines nada sociales.
Ante alguna intervención televisiva en la que manifesté mis sospechas, recibí el correo de un responsable de un centro de formación en el que tachaba de injustas mis palabras. Y por supuesto que si hablamos en general, corremos el riesgo de meter a todo el mundo en el mismo saco y no separar el grano de la paja.
Es obvio que hay empresas dedicadas a la formación para desempleados que procuran cumplir con lo que se espera de ellos. Son empresas que pretenden enriquecer nuestro currículum para obtener una mejor salida al mercado laboral. Eso no lo pongo en duda en ningún momento.
Aquí el problema es que los presupuestos de esos cursos han sido gestionados mayoritariamente por comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones sindicales y empresariales y no siempre le han dado buen uso a tener de las informaciones que llevamos meses conociendo a través de los medios de comunicación.
Lo lógico será que se ponga orden en todo este asunto ahora que el gobierno pretende reformar las políticas activas de empleo. Y para empezar, deberían hacer un estudio municipio a municipio de las necesidades de determinados perfiles profesionales que necesitan las empresas en cada zona. Resulta absurdo organizar cursos de albañilería en estos tiempos de crisis para la construcción en alguna localidad donde el paro en el sector sea elevado.
Y ya puestos a elegir, deberíamos poner el dinero en manos de las empresas formativas sin que haya intermediarios que puedan disponer de una parte para financiar sus estructuras o pagar salarios.
El último aspecto que se debería reformar, es el control sobre los cursos. No puede ser que los alumnos firmen asistencias a clase sin haber acudido. Hoy en día, hay suficientes métodos telemáticos que pueden garantizar la veracidad de esas informaciones.
Mientras tanto que se investiguen esas irregularidades, ya sean en Andalucía o en Madrid; ya sean cientos de millones de euros o cinco. El caso es que ni un duro de nuestros impuestos debería acabar en los bolsillos de alguien.
Javier Peña Portalparados.es
