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Nº Parados 20/09/2018

SEPE
3182068
EPA
3490100

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La Junta de Castilla y León ha aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno destinar diez millones a los municipios de más de 5.000 habitantes para la contratación de desempleados, que perciban la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y 3,3 millones para que a través de las diputaciones provinciales se ofrezca un empleo a trabajadores que se encuentren en paro, con el objetivo de que realicen trabajos forestales y de prevención de incendios.  

En su comparecencia, la vicepresidenta, portavoz de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, explicó el contenido de estos dos expedientes, que se suman a otras dos líneas ya aprobadas, eleva a cuatro el número de líneas aprobadas, de un total de diez por importe de 57 millones de euros.



En conjunto, destacó que permitirán que más de 6.500 trabajadores en situación de desempleo logren un trabajo, además, con la garantía de que se formalicen contratos de “calidad”, con una duración, salvo excepciones, de seis meses y a jornada completa. [Solicita información sobre cursos de formación a distancia]

En ese sentido, la titular de Empleo explicó que la ayuda directa por valor de diez millones que recibirán los 58 municipios de más de 5.000 habitantes les permitirán realizar obras y servicios de interés general y social. Esta partida financiará los costes salariales de los trabajadores que se contraten para realizar obras y servicios de interés municipal. El importe de la subvención asciende a 10.000 euros por contrato a jornada completa por un periodo de 180 días. Los contratos han de formalizarse antes del 1 de mayo de 2016.

Por otra parte se ha fijado un importe máximo por municipio beneficiado que alcanza los 1,5 millones. La justificación de los contratos deberá realizarse en un periodo no superior a dos meses después de su finalización, con la fecha límite del 31 de diciembre de 2016.

Valdeón explicó que el crédito se ha distribuido en función de dos variables a partes iguales. Por una parte se ha calculado en función de la media de parados registrados en el municipio durante 2015 y por otra parte, se hace un cálculo en relación con las personas dadas de alta como beneficiaros de la Renta de Ciudadanía. También, la portavoz destacó que la Junta prioriza esta medida como una forma de hacer frente a los desafíos demográficos y para ofrecer una mayor “sensibilidad” con las personas que sufren más dificultades. [Si quieres mejorar tu formación, visita nuestro canal de cursos, másteres y oposiciones]

La puesta en marcha de estas ayudas forman parte de los acuerdos del Diálogo Social. El pasado 27 de enero se aprobó la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, a través de la cual se coordina la acción de todas las consejerías de la Junta, implicadas en la ejecución de las políticas activas de empleo.

Por otra parte, los 3,3 millones que gestionarán las entidades provinciales servirán para financiar los costes salariales y de Seguridad Social que se deriven de los contratos de los desempleados, que intervendrán en obras y servicios de interés general, específicas en materia de prevención de incendios, y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental.

La Diputación de Ávila contará con 400.000 euros; la de Burgos con 350.000; la de León, con 500.000 euros y la de Palencia, con 300.000. Por su parte la Diputación Provincial de Salamanca podrá contratar trabajadores por 400.000 euros; la de Segovia tendrá un montante de 300.000; la de Soria también 300.000, al igual que la Diputación de Valladolid. Por último la de Zamora dispondrá de 450.000 euros. La distribución de las subvenciones se realizó con el criterio ponderado que ha resultado del cálculo basado en el 50 por ciento en función de la tasa de paro de la provincia, el 25 por ciento por la superficie forestal provincial y el 25 restante, en función del número de incendios provinciales en los últimos cinco años.

Por otra parte, los destinatarios de estos contratos deberán ser desempleados inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del Ecyl. En concreto se priorizarán a los jóvenes menores de 35 años, de forma preferente a aquellos que no tengan cualificación. Tendrán preferencia también los mayores de 45 años, especialmente aquellos que hayan agotado sus prestaciones y tengan cargas familiares y finalmente los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a los que hayan agotado prestaciones y las personas en riesgo de exclusión social. En cualquier caso se valorará la experiencia en trabajos de carácter forestal y medioambiental. Los contratos serán temporales con una duración mínima de 180 días a jornada completa y deberán formalizarse antes del 1 de mayo.


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