Para corregir esta situación, el Cermi exige que los convenios del Estado con los servicios públicos de las comunidades autónomas responsables de la gestión del empleo incorporen la obligación de crear en cada oficina de empleo, o al menos en las más importantes, unidades de asesoramiento para el empleo de las personas con discapacidad y para las empresas que puedan contratarlas.
De igual modo, considera que se ha de reforzar la colaboración de las agencias de colocación sin ánimo de lucro con los servicios públicos de empleo, «ya que está resultando un elemento muy importante para aunar recursos con objeto de ofrecer mayores oportunidades a las personas con discapacidad».
En el caso de que en un futuro se permitiera la existencia de agencias de colocación con ánimo de lucro, éstas tendrían que destinar un porcentaje de su actividad a grupos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo, como el de las personas con discapacidad, agrega el Cermi.
Además, estas agencias privadas deberían cumplir con las normas sobre accesibilidad y someter su actuación a principios y reglas transparentes que eviten cualquier discriminación en el acceso a las ofertas de empleo por cualquier condición o circunstancia personal o social, incluida la discapacidad.
