La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Asaja, los sindicatos UGT y CCOO y la organización agraria COAG, además de la Junta de Andalucía han firmado una declaración de compromiso para las buenas prácticas en las campañas de recolección tras el conflicto surgido en la Vega del Guadalquivir con los cítricos, que da preferencia a los trabajadores de la zona.
Según el documento, todas las partes se comprometen a exigir el más estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente en el ámbito agrario, tanto en la recolección como en los centros de tratamiento y comercialización. Reafirman su compromiso para el estricto cumplimiento de la jornada laboral, las remuneraciones económicas y pluses de trabajo, y en definitiva de todas y cada una de las condiciones pactadas.
Subrayan además que las ofertas de trabajadores para recolección se realicen en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ubicadas, preferentemente en los municipios en los que se realice la recolección. El empresario podrá formular las ofertas tanto genéricas como nominativas.
Tiene por objeto esta medida, fijar la población al territorio como medida de sostenibilidad económica y social de la zona, y posibilitar a los demandantes estables de empleo inscritos en estas oficinas, poder acceder a las ofertas, y obtener contratos que le permita trabajar. Consideran las partes firmantes que la intermediación del Servicio Andaluz de Empleo es «una garantía de selección tanto para los empresarios como para los trabajadores».
Los firmantes instarán a las empresas de trabajo temporal, a que las cuadrillas que trabajen en la zona cuyas contrataciones se realicen a través de ellas, «contarán con trabajadores procedentes preferentemente de los municipios donde se realicen dichas recolecciones».
Ésta formula pretende «garantizar el cumplimiento de los convenios para todas las cuadrillas, y compartir los derechos y logros conseguidos por los trabajadores andaluces». Los firmantes deploran cualquier comportamiento que suponga explotación de la mano de obra, incluyendo la cesión ilegal de la misma.
Asimismo, han acordado constituir una comisión de seguimiento compuesta por las organizaciones empresariales, sindicales, y por la administración. A este acuerdo, además de por las organizaciones patronales, sindicales e institucionales que lo suscriben, se podrán adherir, cuantas organizaciones, instituciones y colectivos compartan su contenido. En todo caso, cualquier entidad pública o privada, podrá aportar acciones complementarias que redunde en la intención que refleja la relación de compromisos expuestos.
