De hecho, las transacciones para adquirir una vivienda de protección oficial han descendido un 12 por ciento en el primer semestre del año y es que. a pesar de los precios interesantes y las condiciones ventajosas que ofrecen los pisos de promoción pública, la situación económica de muchas familias no da ni siquiera para eso. En general, las renuncias se producen en familias jóvenes que habían logrado una de estas casas en principio y que a la hora de concretar la operación se ha comprobado que no pueden hacer frente a la operación.
La incidencia de estas renuncias es desigual. Aunque la media de toda España se sitúa en un 25 por ciento, algunas comunidades han registrado abandonos entre un 5 y un 8 por ciento. El problema que existe en algunas regiones es que los afectados ocultan las razones de su renuncia por lo que se ha hecho dificil detectar el problema hasta ahora.
Mientras a nivel estatal, el Ministerio de la Vivienda asume mediante avales el 50 por ciento del riesgo de la hipoteca para una VPO, algunas comunidades ya están tomando medidas para ayudar a estas familias. En Cataluña por ejemplo se ha puesto en marcha una medida por la cual la Generalitat se ofrece a recomprar la vivienda a aquella familia que no pueda hacer frente a la hipoteca de VPO. Los afectados pueden quedarse viviendo en la casa pagando un alquiler. En el País Vasco se está trabajando en una medida similar.
En Andalucía se les ofrece la posibilidad, si no pueden comprar la VPO, de entrar en régimen de alquiler con derecho a compra a los 10 años. Y en Baleares la mayor parte de pisos de promoción pública se conceden en régimen de alquiler con derecho a compra.
Castilla La Mancha es una de las comunidades más afectadas por las renuncias y su gobierno regional ha puesto en marcha una iniciativa para adelantar las ayudas para entrar al piso protegido.
Si queréis ver la situación en el resto de comunidades autónomas, podéis leer el artículo completo de Público.
