Leyendo la prensa económica de este viernes, nos hemos encontrado un interesante análisis en el periódico Cinco Días de los costes que tendrá la ampliación al 1 de enero de este año la ayuda de 420 euros para aquellos que dejaron de percibir desde esa fecha la prestación y el subsidio por desempleo.
Sin embargo, este artículo apunta un dato interesante. El gobierno está confiado en que el coste sea mucho menor de los 1.300 millones de euros previstos para financiar la medida. La razón es bien sencilla: aquellos que están trabajando en la economía sumergida y que están apuntados al paro, se cuidarán muy mucho de solicitarla porque necesitarían participar en un programa de inserción laboral o realizar cursos de formación, incompatibles con su actividad.
De hecho, ayer la Vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado se mostraba confiada en que ese gasto no iba a incrementar sustancialmente la deuda del Estado. Parece ser que en sus previsiones está que la mayor parte de 700.000 desempleados que podrían acogerse a la ayuda, no la solicitarán por encontrarse trabajando en realidad.
La información, basada en fuentes del gobierno, pone c omo ejemplo la ayuda puesta en marcha en Castilla y León. A principios de verano se aprobó una ayuda prácticamente idéntica a la estatal. Según la información recabada por los responsables de empleo castellanoleoneses, en esta comunidad habría un colectivo de más de 9.000 parados que cumplirían los requisitos para cobrar esa ayuda, pero poco más de 1.400 lo han solicitado.
Esto pone sobre la mesa el espinoso tema de la economía sumergida que suele salir claramente reforzada en todas las crisis. Los últimos datos de la OCDE indican que en España las cuentas en negro representaban en 2008 más del 22% del PIB. Intentar recortar este dato parece ahora poco menos que imposible. Es más, si los subsidios se instalaran aún más en la cultura popular, la economía española podría ver crecer este porcentaje peligrosamente.
