Durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, Báñez también repaso por encima otros de los objetivos de la reforma: reconocer la formación como el derecho de los trabajados, «reordenar» las políticas de bonificaciones a la contratación indefinida y mejorar la intermediación laboral con la participación de agencias privadas de colocación.
Entre las prioridades de su ministerio, rebajar la tasa del paro de los menores de 25 años, «que alcanza 50%», ha dicho, y que, junto a «los bajos sueldos», hacen que muchos jóvenes abandonen el mercado español, «una fuga de talento sin precedentes en el mercado laboral español», ha reconocido la ministra.
En este sentido, Báñez ha prometido una bonificación especial de la contratación juvenil, la creación de una mesa de diálogo para establecer políticas efectivas, y una fórmula que fomente que los jóvenes que no tengan ningún título oficial puedan conjugar formación y trabajo.
La conciliación de la vida familiar y laboral será otra de las prioridades de las políticas activas de empleo. Además de racionalizar los horarios, «a lo largo de la legislatura, incluiremos políticas de desarrollo del teletrabajo y de reinserción de personas que se reincorporen al mundo laboral tras un periodo largo de cuidado de la familia», ha dicho la ministra.
La lucha contra el fraude en materia de empleo «con un plan exigente» y el fomento de la responsabilidad social de las empresas también formarán parte del proyecto del ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fátima Báñez pretende en esta legislatura disminuir lo máximo posible las prejubilaciones. «Más del 50% de las jubilaciones se producen antes de cumplir 55 años», ha dicho.
El ministerio quiere además acabar con el hecho de que la prestación de desempleo sea un mecanismo de prejubilación encubierta. «Un 25% de los jubilados provienen de desempleo», ha informado. En último lugar ha dicho que promoverá que la pensión sea reflejo de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral.
Por otra parte, en materia de inmigración, Báñez ha dicho que su gobierno no promoverá «regulaciones masivas» y que vinculará sus políticas a la consecución de una inmigración «legal, ordenada y vinculada al empleo».
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