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Nº Parados 24/06/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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La normativa de la llamada Garantía de Ingresos establece una paga mensual de 650 euros a todas aquellas personas que no tienen recursos. Ahora el Consejo de Gobierno del País Vasco ha decidido ampliar esta renta a aquellas personas que se han visto obligadas a volver al domicilio paterno que son básicamente personas divorciadas o que no han podido hacer frenta a la hipoteca.  


Los divorciados, con o sin hijos, que hayan vuelto a casa de sus padres o de otros familiares porque, una vez rota su relación, no tienen recursos ni donde vivir podrán cobrar la renta de garantía de ingresos (RGI). Así lo establece el decreto que regula ese subsidio, aprobado ayer por el Gobierno Vasco, que también permite percibir el dinero a las personas acogidas por sus familias tras haber sufrido un embargo por causas ajenas a ellas (desempleo sobrevenido, pero no deudas anteriores), tal y como recoge hoy el Diario Vasco.

Según explicó la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, hasta ahora, si una persona divorciada o desahuciada del piso volvía con sus progenitores, se le consideraba un miembro más de la unidad de convivencia que formaban estos últimos y, por tanto, se les excluía de la RGI (antigua renta básica). El decreto modifica esa situación, de modo que, si esas personas que son acogidas por su padres u otros parientes cumplen las condiciones para pedir el subsidio -es decir, si no tienen medios para vivir-, se les computará como una unidad de convivencia independiente y podrán tramitar la RGI al margen de los ingresos de los allegados que les dan cobijo.

Ahora bien, en ese caso concreto, el dinero sólo se podrá ingresar de forma transitoria -dieciocho meses-, puesto que sólo se pretende dar tiempo a los divorciados y a quienes sufran un embargo a reordenar sus vidas y enderezar en lo posible su situación económica. La consejería de Empleo y Asuntos Sociales no permite, en cambio, considerar como una unidad independiente a solteros sin recursos que regresen con sus padres, ya que el subsidio «no es una renta de emancipación».


Otra novedad de la normativa es que incrementa ligeramente la RGI para el progenitor solo, hombre o mujer, que tiene uno o varios hijos a su cargo y que carece de ingresos para subsistir. En principio, y de forma genérica, la ayuda asciende a un máximo 650 euros al mes, en doce pagas, para una persona sola, suma que equivale al 88% del salario mínimo. Si la unidad de convivencia la forman dos personas, ascendía a 835, y si tiene tres o más miembros, a 923. Pero, en adelante, en los supuestos de dos o más miembros, si se trata de un padre o madre solos que cuidan de uno o varios hijos, a la RGI general se le añadirá un 6,4% del salario mínimo (47 euros mensuales más).

El decreto de la renta básica, que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del País Vasco, ha recibido ‘luz verde’ cinco meses después de la aprobación de otra norma de similar rango que regula la prestación complementaria de vivienda. Este último es otro subsidio pensado sólo para quienes cobran la RGI y, además, necesitan un alquiler. Oscila entre 250 euros mensuales y 320 (unidad de tres miembros o más).

Según la Ley de Servicios Sociales, las dos ayudas son derechos exigibles durante un máximo de dos años revisables. Pueden reclamarlas los mayores de 23 años (hay excepciones con los mayores de 18 casos o huérfanos), siempre que estén empadronados, cumplan los requisitos y estén disponibles para trabajar o formarse. Sumando RGI y prestación de alquiler, el perceptor podrá ingresar desde un mínimo de 900 euros mensuales (si vive solo) hasta un máximo de 1.290 (si es un hogar monoparental con dos niños o más).

No obstante, la gran mayoría de quienes cobran la RGI no recibe, ni de lejos, tales cantidades. De los 52.849 beneficiarios actuales, sólo 17.842 perciben íntegramente la renta básica y, en su caso, la prestación de alquiler, porque hasta ahora se creía que no eran aprovechables por el mercado laboral. De todos modos, Zabaleta avisó de que, revisados sus casos, se ha comprobado que la mayoría sí son «empleables» en un grado «alto o muy alto». De esa labor se ocupará Lanbide, el órgano de empleo del Gobierno Vasco, cuando le transfieran las políticas activas y controle directamente los subsidios.

Del resto de perceptores de la RGI, 19.031 son personas mayores que sólo cobran una parte de la ayuda para complementar sus pensiones bajas hasta el salario mínimo; es decir, para llegar a 738 al mes en doce pagas si viven solas y a 923 si el hogar es de dos personas). Otros 15.976 son ciudadanos con trabajos precarios que también reciben una porción de la renta básica. Se trata de un incentivo al empleo para que, añadido al salario, a quien lo cobra le merezca la pena trabajar, en vez de no hacerlo y pedir íntegra la renta básica.

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