Y es que en lo que va de año, 625 extremeños estaban cobrando el paro y trabajando a la vez, aunque, claro, sin contrato. El fraude que se produce es doble, por un lado al seguro de desempleo y por otro a la Seguridad Social, que deja de percibir las cotizaciones que generaría el trabajador si estuviera dado de alta.
Las empresas no se van de rositas, ya que reciben una sanción administrativa por complicidad, por aprovecharse de la situación y no declarar fiscalmente el sueldo y por no pagar las cotizaciones correspondientes. Tanto es así, que las multas que han tenido que pagar las empresas por fraudes de este tipo ascienden a 17.5 millones de euros.
Por sectores, la hostelería es el que más fraude acumula, y el que menos, la construcción. En términos globales, hasta el 31 de agosto, 2.500 empresarias y trabajadores han sido multados por fraudes labroales que ascenderían a 3.75 millones de euros.
Los sindicatos ya habían denunciado en julio esta situación, y solicitaban mayores inspecciones, no sólo para evitar estos fraudes sino también para destapar la precariedad laboral que, con la crisis, se ha multiplicado: Exceso de horarios, encadenamiento de contratos temporales en fraude de ley, horas extras pagadas bajo cuerda, y falsedad en los salarios reales que quedan por debajo de lo firmado en nómina.
