El número de plazas convocadas contraviene, según el Gobierno, las limitaciones que, con carácter básico, y por tanto vinculantes para las Comunidades Autónomas, estableció el Real Decreto-ley de 30 de diciembre de 2011, al prohibir la incorporación de nuevo personal, salvo excepciones en servicios esenciales, y la posibilidad de incorporar personal docente, al fijar en un 10% la tasa de reposición de efectivos en el sector educativo.
El Real Decreto-ley de finales de 2011 fijó nuevos límites básicos para el año 2012 en materia de Oferta de Empleo Público, por lo que cualquier convocatoria autonómica anterior queda desplazada y, para no extralimitarse, debe ajustarse al nuevo marco, lo que no ha ocurrido con la convocatoria del Gobierno autonómico de Andalucía de profesores.
La impugnación adoptada en el último Consejo de Ministros se basa, además, en un dictamen favorable del Consejo de Estado del 12 de abril, en el que se establece que la orden autonómica ‘no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30 por 100 de efectivos’.
El informe del Consejo de Estado concluye que la norma autonómica de Andalucía ‘adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislación básica aplicable a todas las Administraciones públicas para el citado ejercicio’. Este recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno suspende automáticamente la ley autonómica presentada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
La Junta lamenta el ‘daño’ a los opositores
Nada más conocer la impugnación de la norma, la Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno de actuar con ‘deslealtad institucional’ y ha lamentado lo que considera el ‘daño’ ocasionado a la Comunidad y a los más de 33.000 aspirantes ocupar una plaza de funcionario.
En un comunicado, la Consejería de Educación ha criticado que la decisión del Gobierno se ha adoptado ‘sin comunicación alguna ni requerimiento previo a la Administración autonómica’. Según la Junta, el Gobierno ‘ha esperado a agotar todos los plazos posibles, dejando transcurrir cuatro meses’ desde la aprobación de la ley autonómica, una decisión que, para el Gobierno autonómico, supone ‘un grave perjuicio’ para los opositores.
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