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Nº Parados 16/08/2018

SEPE
3135021
EPA
3490100

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El Servicio vasco de Empleo, Lanbide, pondrá en marcha a partir del 1 de enero un plan de acción local de empleo en nueve zonas desfavorecidas de Euskadi: Bilbao, Margen Izquierda, Encartaciones, Ibaizabal, Bajo Deba, Bajo Bidasoa, Oarsoaldea, Vitoria y Valle de Ayala.  

Este programa se enmarca dentro del Plan Local de Empleo y buscará la activación de 1.500 desempleados, así como que, al menos, el 35 por ciento de ellos obtenga un puesto de trabajo.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco, Gemma Zabaleta, ha señalado que “el corazón de Lanbide es la orientación personalizada a los desempleados en búsqueda de empleo, pero también vamos a actuar en nueve comarcas que registran las tasas de desempleo más altas con un programa que tratará de recolocar a 1.500 desempleados y cuyo objetivo es insertar, cuando menos, al 35 por ciento de estas personas en un nuevo puesto de trabajo”.

Las áreas geográficas sobre las que actuará este “programa de choque”, que se ha desarrollado en colaboración con la Asociación de Municipios vascos, Eudel, serán Bilbao, Margen Izquierda, Encartaciones e Ibaizabal, en Bizkaia; Bajo Deba, Bajo Bidasoa y Oarsoaldea, en Gipuzkoa; más Vitoria y el Valle de Ayala, en Alava. De esta manera, en Bizkaia beneficiará a 750 demandantes de empleo, en Gipuzkoa a otros 450 y a 300 en Alava.




“Este plan dará también cumplimiento a uno de los compromisos del lehendakari durante el pleno de Política General, en el que subrayó que había que actuar más si cabe en aquellas zonas con mayor tasa de desempleo y, sobre todo, en aquellas afectadas por expedientes de regulación de empleo que despiden del mercado laboral a un número importante de trabajadres”, ha explicado Zabaleta.

A su vez, ha apuntado que “no se puede permitir” que los trabajadores que han perdido su puesto “se cronifiquen en el desempleo”, por lo que “hay que formarlos y recualificarlos en nuevas actividades, y para eso está diseñado este plan de acción”.

Este proyecto tendrá un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros y una duración de un año. Las diferentes entidades contratadas para desarrollarlo tendrán el compromiso de lograr una inserción laboral mínima del 35 por ciento en cada uno de los nueve planes, de modo que, si alguna no lograra alcanzar este índice, se enfrentaría a una penalización económica.


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