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Nº Parados 14/11/2018

SEPE
3254703
EPA
3490100

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La Generalitat ha convocado subvenciones para la contratación de jóvenes desempleados, dentro del programa de empleo público salario-joven en corporaciones locales para el ejercicio 2015, en el que se invertirán dos millones de euros.  

El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer la orden de la convocatoria de estas subvenciones a los municipios, dirigidas a la contratación de parados menores de 30 años inscritos en el SERVEF, para que colaboren en la ejecución de obras y servicios de interés general y social.



La finalidad de estas subvenciones es que estos jóvenes adquieran una formación teórica y práctica que facilite su inserción en el mercado de trabajo, informa la Generalitat en un comunicado.

El SERVEF concederá hasta 11.500 euros por cada proyecto presentado por municipio, y se propondrá para todos los ayuntamientos solicitantes la concesión de la ayuda para al menos un proyecto.

Con este importe el municipio beneficiario deberá contratar al menos a un joven durante un periodo mínimo de seis meses, indican las mismas fuentes.

Este programa complementa las medidas articuladas a través de la Garantía Juvenil que establece mayores limitaciones de edad para sus beneficiarios, contribuyendo a mejorar la empleabilidad de este colectivo, una de las “prioridades”, añaden, de las políticas de empleo que desarrolla el Consell.

El Programa Salario-Joven se desarrolla en colaboración con las Corporaciones Locales para la realización de obras y servicios que sean de su competencia y en régimen de administración directa.

Las subvenciones se destinarán a sufragar los costes correspondientes a las contrataciones de los jóvenes desempleados, en la modalidad de contrato en prácticas.

Los proyectos deberán tener una duración de entre seis y nueve meses, y las obras tendrán que iniciarse a partir de la fecha de la aprobación de la ayuda y se podrán ejecutar en su totalidad como fecha límite hasta el 30 de marzo de 2016.

Los jóvenes se seleccionarán siguiendo criterios como la adecuación al puesto de trabajo ofertado en función de su formación, condición de persona con discapacidad, nivel de protección por desempleo, existencia de responsabilidades familiares, condición de mujer o situación de paro de larga duración.


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