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Iniciativas en Murcia y Castilla y León para los parados de larga duración

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha mantenido el compromiso del Gobierno autonómico de abonar la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

   «Seguro que se va a cumplir», ha aseverado el portavoz de la Junta tras la aprobación este jueves del Decreto que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía que permite la puesta en marcha y aplicación inmediata de esta nueva prestación para la que se han presupuestado 27 millones de euros para 2011.

   El portavoz ha recordado que la Renta Garantizada de Ciudadanía está dirigida exclusivamente a las personas en exclusión social y ha aclarado que no tiene nada que ver con las ayudas que daba el Gobierno a los parados de larga duración que habían dejado de percibir el desempleo.

   Según ha explicado, la Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como «la última red de protección». Así ha insistido en que la finalidad de la Renta es proporcionar los medios y apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de las personas que se encuentran en situación de exclusión social.

Y en Murcia…

Los murcianos que hayan dejado de percibir los 426 euros del Gobierno de la nación podrán solicitar la ayuda de 390 euros de Renta Básica de Inserción de la Comunidad, dotada con un presupuesto de cuatro millones de euros, siendo ampliable esta partida. Según los sindicatos UGT y CCOO, eliminar este subsidio dejará a unas 11.000 familias murcianas sin ningún tipo de recursos.

   Así lo ha anunciado el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, durante el balance que ha ofrecido correspondiente a su departamento en el año 2010, en el que ha adelantado que la Comunidad ya tiene prevista esta situación.

   Según Bascuñana, «las personas que se vean privadas de estas ayudas tendrán que venir a solicitar la Renta y los atenderemos», aunque ha puntualizado, al respecto, que «no será una ayuda concreta como estaba establecido a los parados de larga duración, sino a aquellas personas que han dejado de recibir esta cantidad y reúnen los requisitos para tener derecho a la Renta Básica de Inserción».

   Se trata de ayudas de carácter individual para atender las necesidades básicas de estas personas, entre las que se incluye a los desempleados que no tienen ningún otro recurso. De forma, ha subrayado Bascuñana, que «en caso de que esas personas que estaban recibiendo la ayuda de los 426 euros perciban otros ingresos, pues no tendrán derecho a la Renta Básica de Inserción».

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