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Nº Parados 20/04/2018

SEPE
3422551
EPA
3766700

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El Consejo de Ministros de la semana pasada nos sorprendía con un Real Decreto que en sus más de doscientos folios, reformaba unas 26 leyes y unía medidas realmente urgentes de lucha contra el paro, como el Plan de Garantía Juvenil con otros asuntos que nada tienen que ver. Incluso, aquellos que lo leyeron en mayor profundidad, descubrieron lo que podría ser el camino hacia unos nuevos servicios públicos de empleo en los que cada desempleado dispusiera de una ficha para evaluar su empleabilidad.  

Según estas informaciones, se crearía un registro único de personas en búsqueda activa de empleo en el que constaría su experiencia profesional, su formación académica y se analizaría la posibilidad de sugerir nuevos cursos que aumentaran sus posibilidades de lograr su objetivo.



Por supuesto que se habla de la colaboración con las agencias privadas de colocación que pasarían a tener un importante papel en la mediación entre los trabajadores y las empresas gracias a los incentivos que recibirían de los presupuestos públicos.

Todo esto está muy bien. De hecho, la reforma de los servicios públicos de empleo es una imperiosa necesidad porque sólo el 2% de los trabajadores consigue un puesto gracias a su intervención, muy lejos de lo que ocurre en otros países europeos.

Ahora bien, esa transformación es de tal importancia que no se puede “colar” a través de un Real Decreto, elaborado deprisa y corriendo, junto a otras medidas que no tienen nada que ver, como diversas medidas fiscales, el papel de los registradores mercantiles y otras tantas.

Tan rápido parece que lo hicieron que tuvieron que corregir rápidamente 69 errores que se incluían en el texto. Y hay asuntos urgentes pero necesitan una elaboración mucho más consistente.

En el caso de ese registro único de desempleados, el propio texto reconoce la necesidad de llegar a un acuerdo con comunidades autónomas, empresarios y sindicatos para su ejecución, con lo que la normativa se queda en una mera declaración de intenciones. Al menos, de momento.

No podemos olvidar que los gobiernos autonómicos tienen las competencias en las políticas activas de empleo y si no se coordina con ellos, difícilmente se podrá cambiar absolutamente nada.

Cualquier persona razonable pensaría que ese consenso debería ser relativamente fácil porque todos debemos remar para lograr unos servicios públicos de empleo más eficaz. Pero la política muchas veces es incompatible con lo razonable. Y si no, recordemos la experiencia de ese portal que se llamó Redtrabaja y que fracasó porque las comunidades autónomas no estuvieron por la labor de colgar sus ofertas de trabajo en ese lugar que impulsó el ex ministro, Celestino Corbacho.

O nos sentamos a debatir en serio el futuro de las oficinas de empleo o seguiremos con esa maquinaria absurda de realizar trámites administrativos que con las nuevas tecnologías, se podrían realizar a través de internet en la mayoría de los casos.

La revolución tecnológica no ha llegado a los servicios públicos de empleo porque una de sus consecuencias debería ser menos trabajo administrativo y mucha más labor de orientación a tantas personas que acuden con deseo de información.

Y ya no hablamos del Plan de Garantía Juvenil que el Ministerio de Empleo ha decidido colocar en su web institucional en lugar de hacerlo en la del SEPE. El pasado martes, Miguel Ángel García, Director General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social se mostraba ofendido en La Mañana de Javi Nieves, en la Cope, cuando subrayé ese pequeño detalle.

Dije en aquel momento y mantengo que los “malpensados” creen que se ha hecho así para evitar que muchos jóvenes se apunten a las oficinas de empleo y rompan las estadísticas favorables de los últimos meses.

El caso es que el Ministerio trabaja en la creación de un portal único de empleo y no tiene demasiado sentido que dispersen ahora la información para ponerle las cosas más difíciles a los ciudadanos.

 

Javier Peña
Portalparados.es

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