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Nº Parados 31/05/2020

SEPE
3831203
EPA
3313000

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El gobierno de Castilla La Mancha aprueba 3,3 millones para contratar a 330 desempleados en labores forestales y medioambientales de cara a la campaña de verano.

Castilla y León destina 3,3 millones para contratar a 330 desempleados en labores forestales

El gobierno de Castilla La Mancha aprueba 3,3 millones para contratar a 330 desempleados en labores forestales y medioambientales de cara a la campaña de verano.  


El gobierno de Castilla La Mancha aprueba 3,3 millones para contratar a 330 desempleados en labores forestales y  medioambientales de cara a la campaña de verano.

 

El Consejo de Gobierno ha decidido que esta cuantía se repartirá entre las nueve diputaciones provinciales para financiar la contratación de 330 desempleados en labores forestales y medioambientales.

 

Estas ayudas forman parte de la Estrategia de Empleo Rural y Local, que tiene como objetivo último incentivar la inserción laboral de personas que no tienen una ocupación y, con ello, contribuir a dinamizar la actividad económica en los municipios la Comunidad.

 

La Junta realizará un anticipo del 40 % del importe total para mejorar la liquidez de las entidades locales en el actual contexto de crisis económica.

 

La asignación se ha realizado a partir de una cuantía fija de 200.000 euros para cada diputación -necesaria para sufragar el mínimo de cuatro cuadrillas establecidas- y otra variable, que es el resultado de ponderar otros criterios como la tasa de paro provincial, la superficie forestal de cada territorio o el número de incendios sufridos en el último lustro.

 

Los trabajos estarán coordinados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que planificará con las corporaciones locales la formación de los capataces y las demarcaciones donde se debe actuar, cumpliendo los criterios de seguridad y salud laboral.

 

Las diputaciones provinciales deberán otorgar preferencia en las contrataciones a desempleados inscritos en las oficinas del Ecyl que sean jóvenes menores de 35 años -fundamentalmente sin cualificación-, mayores de 45 años -en particular, los que carecen de prestación y tienen cargas familiares- y los parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión.

 

En todos los casos se trata de colectivos definidos como prioritarios en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, consensuada entre la Junta y los agentes económicos y sociales representados en el Consejo del Diálogo Social.

 

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