El decreto, que endurece y revisa las condiciones de acceso a la ayuda, recorta los dos extremos del abanico de beneficiarios que perciben la RMI. Uno de ellos lo forman las personas más excluidas socialmente y con menos posibilidades de reinserción laboral: aquellas que lo perciben desde hace más de cinco años. A este grupo, de unos 2.300 beneficiarios ya se les está quitando la ayuda.
El otro extremo lo forman el colectivo contrario, aquellos que han perdido el trabajo y han agotado las prestaciones de desempleo, pero que en principio no presentan “una problemática social añadida”, según el último borrador del decreto. Este grupo lo forman el 32% de los beneficiarios, unos 10.800. El decreto les impedirá acceder a la RMI hasta pasados seis meses de haberse quedado sin ningún tipo de prestación de desempleo.
Otra medida que recorta la renta mínima que ya se está aplicando desde julio -al haber sido introducida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto- es la obligación de residir en Cataluña desde hace dos años (antes era uno). Otra, que el importe máximo no supere el salario mínimo interprofesional (641 euros). Hasta ahora, el beneficiario sumaba a los 420 euros una cantidad de entre 50 y 90 euros según el número de personas a su cargo y si estas sufrían algún tipo de minusvalía.Con estas reformas, el Gobierno catalán quiere frenar el aumento de solicitudes de RMI, exponencial desde el inicio de la crisis: si en 2008 había 12.570 beneficiarios, el pasado abril la cifra llegó a los 33.700. La memoria de los Presupuestos de 2011 subraya que es necesario hacer frente a este alud de peticiones “estableciendo medidas que permitan contener el fuerte ritmo de crecimiento de las prestaciones y adaptar los recursos a la realidad actual”. La Generalitat destinará este año 130 millones a la RMI, 40 millones más que el año pasado, una cantidad con la que el Departamento de Empresa tiene previsto “garantizar” la RMI a 35.000 familias.
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