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Nº Parados 28/05/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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Seguramente no tendrá mucho eco en nuestros gobernantes pero recogemos esta noticia por si representa un primer paso para lograrlo. El magistrado y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Edmundo Rodríguez Achútegui, ha propuesto que el gobierno adopte una moratoria legal para impedir la ejecución de embargos de primera vivienda de las personas que no puedan hacer frente al préstamo, mientras se mantengan en situación de desempleo.  

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El juez realizó esta sugerencia durante un curso organizado por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) en cooperación con el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, en el que se analizaron los problemas de sobreendeudamiento de los consumidores, la dación en pago y otras materias relacionada con el consumo.



En su intervención, Rodríguez Achútegui sostuvo que si el Estado “ha rescatado el sistema financiero o a Bankia”, los bancos deberían “rescatar también a los ciudadanos sin recursos”. A su juicio, debería “garantizarse por ley” que las entidades financieras no puedan ejecutar las hipotecas de los desempleados que sirvan para adquirir la vivienda familiar, durante todo el periodo en que permanezcan en situación de desempleo.

Según el magistrado, el sistema bancario “no sufriría perjuicio” porque la ley establecería esta moratoria “supeditada a que los propietarios abonaran los gastos de comunidad y mantenimiento, las contribuciones fiscales y los seguros precisos para asegurar el valor de la vivienda”. De este modo, la garantía sobre la que recae la hipoteca no perdería, a su juicio, “valor ni eficacia hacia el futuro”.

Como contrapartida, los desempleados conservarían el derecho a utilizar su vivienda pese a no poder pagar las cuotas del préstamo, “aplazando su exigibilidad al momento en que recuperasen los medios precisos para poder afrontar su pago”, pero sin que se produjeran desahucios que impidieran “el derecho a la vivienda digna que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución”.

 

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