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Nº Parados 21/06/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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Aunque en España teóricamente la asistencia sanitaria es un derecho que tenemos todos, se han venido produciendo problemas en algunas comunidades autónomas, como Canarias con aquellos desempleados que han dejado de percibir la prestación o el subisidio de desempleo. Si tenían otro familiar trabajando, bien pareja o padres, podrían ser incluidos en su tarjeta pero en caso contrario, quedaban al descubierto. Esta situación se puede solucionar gracias a un Real Decreto que la ministra de Sanidad, Trinidad Jimenez ha anunciado que van a aprobar antes de final de año.  

Se da la paradoja de que en España, todas las personas sin recursos tienen derecho a recibir una prestación sanitaria desde 1986 pero de ese colectivo quedaban excluidos algunos colectivos que dejaban de cotizar a la Seguridad Social pero tenían algunos bienes. Estas personas, una vez acabada la prestación y el subsidio, dejaban de tener derecho a la asistencia sanitaria, salvo que la pagasen de su propio bolsillo.



En algunas comunidades autónomas, no ha habido demasiado conflicto con este asunto porque las autoridades sanitarias han hecho la vista gorda y han seguido prestando el servicio a los ciudadanos. Sin embargo, otras han decidido cumplir a rajatabla la ley y han dejado a algunos colectivos desprotegidos. Uno de los ejemplos de ésta última situación ha sido la de Canarias.

El caso es que eso puede cambiar de aquí a final de año porque la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, confía en que antes de que termine el año “esté preparado” el Real Decreto que permita dar solución a aquellas personas, que en el caso de que pierdan su empleo y agoten la prestación por desempleo, queden fuera del derecho a recibir asistencia sanitaria en el ámbito público.

   Según ha explicado Jiménez a preguntas de los medios, después de inaugurar en Toledo el I Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad, desde hace unos meses su departamento y los ministerios de Trabajo y Economía, vienen trabajando conjuntamente para dar solución a ese colectivo.

   “Queremos dar respuesta a esta situación y esperemos que antes que termine el año tengamos preparado el Real Decreto que nos permita dar solución a este problema”, ha manifestado.

   Hace unos meses, un reportaje de El País señalaba que el tan mencionado derecho a la atención sanitaria tiene un agujero en su cobertura que afecta a entre 90.000 y 180.000 personas, según el Ministerio de Sanidad. Una cifra que, sin embargo, algunos expertos elevan hasta las 300.000.

El problema afecta fundamentalmente a cuatro colectivos: parados que han dejado de percibir el subsidio de desempleo y que tienen algún tipo de renta, españoles que han vivido en países del extranjero sin convenio sanitario con España y que tienen recursos económicos, personas que nunca han trabajado y disponen de alguna renta, y trabajadores liberales incluidos en colegios profesionales que no están integrados en el régimen especial de autónomos.

En el actual contexto de crisis, hay personas que están descubriendo que han perdido el derecho a recibir asistencia sanitaria pública de forma gratuita. Aunque paguen sus impuestos -con los que se financia la sanidad en España-, todos ellos deben contratar un seguro privado; o pagar el equivalente de lo que cuesta la atención sanitaria pública al año, unos 1.800 euros de media, para poder utilizarla.


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