Una de las conclusiones que podemos sacar del encuentro es que las comunidades autónomas están dispuestas a compatibilizar la ayuda del Gobierno central con las que existen, internamente, en cada Comunidad. De hecho, una de las peticiones de las comunidades autónomas fue que la ayuda fuera complementaria a las ya existentes en cada comunidad algo que, hoy por hoy, y con las bases que ya conocemos, no es posible.
Maravillas Rojo, secretaria general de Empleo, afirmó después de la reunión, que el gobierno “está abierto a analizar” la ampliación de la ayuda, aunque, recalcó que esto conllevaría un alto coste que, de hecho, ya tiene con las actuales condiciones. Maravillas quiso dejar claro que, aunque está prevista la convalidación del real decreto para la próxima semana en el Congreso, el Gobierno no dará ni un solo paso más sin antes reunirse con los sindicatos. Además quiso aclara que la ayuda no nació con la vocación de ser una renta de inserción, y, por lo tanto, no fue pensada para sea universal.
En contra de las críticas, Maravillas afirmó que la medida no ha sido improvisada, sino que lleva siendo discutidas meses en el marco del diálogo social, y asegura que ha sido recibida con elogios por gran parte de los consejeros de empleo de las comunidades autónomas a excepción de las gobernadas por el Partido Popular.
El presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), Pedro Castro, propuso que los 420 euros fueran complementados por cada autonomía con 200 euros más, a cambio de que los beneficiarios participen en programas de formación y empleo similares a las escuelas taller. Con esta propuesta del FEMP los parados seguirían cotizando a la seguridad social.
Tendremos que esperar a la semana que viene para conocer el acuerdo final sobre las nuevas condiciones de la ayuda.
