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Nº Parados 15/12/2018

SEPE
3252867
EPA
3490100

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La CIG ha denunciado la situación que están sufriendo algunas personas que se ven afectadas por un decreto publicado por la Xunta en el DOG que, según ha explicado el sindicato, "prohíbe el acceso a la sanidad pública a las personas sin recursos", ha señalado la secretaria comarcal de CIG en A Coruña, Dores Martínez.  

La norma, publicada el 9 de septiembre y en funcionamiento desde el día 10, indica que “se reconocerá el derecho a la asistencia sanitaria mediante diferentes procesos administrativos según el grupo del que se trate” el paciente.



   Así, según ha explicado la responsable de sanidad de la CIG, María Seijo, “las personas desempleadas que lleven más de doce meses en  inactivo se les quita la prestación médica y farmacológica”.

   “Se les bloquea la tarjeta sin previo aviso y hasta que no reciban una tarjeta sanitaria para personas sin recurso (TSR) no tendrían acceso a la sanidad pública”, ha añadido Seijo.

   En concreto, “sólo pueden acceder a urgencias y firmando antes un compromiso de pago”, o pagando la consulta del médico de familia.  Así ocurrirá para la CIG durante por lo menos 7 meses, que suele ser, según Seijo, el tiempo de espera hasta que el INSS otorga otra acreditación que les devuelve todos los derechos.

AFECTADOS

   En rueda de prensa, Seijo ha destacado que en Galicia hay 65.000 familias sin recursos que se podrían ver afectadas por una norma que se hace “de una forma mezquina” y “por la puerta de atrás”, ha criticado la responsable de sanidad del sindicato.

   Entre los afectados se encuentra Mercedes Amaral, una mujer que lleva 5 años en el paro y que ha dejado de tener médico desde el momento en que se le acabó la prestación por desempleo. “No te dicen que no tienes médico, ni te dan un derecho para que te atiendan”, ha comentado emocionada.

   “Es injusto, no somos ricos pero tenemos derecho a que nos atiendan”, ha añadido Amaral, que ha tenido que recurrir a las ONG para poder continuar con su tratamiento de ansiedad y depresión.

   Por su parte, la delegada sindical en Caritas, Merche Carrián, ha animado a tomar medidas contra una situación “que ni el propio personal sanitario sabe que está ocurriendo”.


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