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La secretaria de Empleo en funciones de la Generalitat, Esther Sánchez, ha lamentado profundamente este requerimiento, que ha calificado de “lingüístico”.
Sánchez ha confiado en que no sea “una excusa” para anular las políticas activas de empleo, en alusión a los 191 millones pendientes de pago que la Generalitat reclama al Gobierno.+
“No es admisible que nos acusen de discriminar al castellano. El primero en hacer discriminaciones es el Estado, que ha dejado de lado al colectivo de discapacitados”, ha asegurado Sánchez, según un comunicado del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat.
Sánchez se ha mostrado muy crítica con la actitud del Gobierno, que ha atribuido a su “desconocimiento” en materia de “inmersión lingüística”.
La denuncia de Sánchez llega en un momento de especial conflictividad en términos competenciales y lingüísticos entre el Gobierno y la Generalitat a cuenta, por ejemplo, de la reforma educativa, de las tasas judiciales, del impuesto sobre los depósitos o el euro por receta, entre otros casos.
A este respecto, en otro comunicado, la UGT de Cataluña ha exigido al Gobierno que “pague los 191 millones de euros que debe al Servei Català d’Ocupació (SOC)” y que deje de jugar con la formación de los desempleados.
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