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Nº Parados 19/09/2018

SEPE
3182068
EPA
3490100

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Un informe presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que al negar la escolarización de los hijos cuando la familia procede de otro estado miembro, se dificulta a sus integrantes el acceso al mercado laboral, lo que va contra la libre circulación de los trabajadores incluida en el Derecho comunitario. 

La Justicia europea cuestiona a Alemania por restringir prestaciones sociales a españoles desempleados

Un informe presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que al negar la escolarización de los hijos cuando la familia procede de otro estado miembro, se dificulta a sus integrantes el acceso al mercado laboral, lo que va contra la libre circulación de los trabajadores incluida en el Derecho comunitario.   

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Melchior Wathelet, presentó ayer un informe, en el que concluye que los ciudadanos de la UE que se desplacen a un Estado miembro del que no son nacionales pueden ser excluidos de la percepción de determinadas prestaciones sociales durante los tres primeros meses de estancia pero no de aquellas “dirigidas a facilitar el acceso al mercado de trabajo”, especialmente si existe un vínculo entre esa persona y el Estado de acogida.



La conclusión de este abogado responde a un caso planteado por un tribunal alemán que preguntó al tribunal europeo si podría excluir a ciudadanos de otros países de la UE de percibir prestaciones sociales previstas en su legislación nacional, sin chocar con el Derecho de la Unión y con el principio de igualdad. A la vista de lo que ha respondido el Alto Tribunal Europeo, parece que la respuesta es “no”.

¿Y por qué planteó aquella cuestión el tribunal alemán? El origen está en el caso de una familia española, la de Joel Peña Cuevas. Él y su hijo, se desplazaron a Alemania en junio de 2012 para reunirse con su esposa y su hija. A su llegada al país, y durante los primeros meses, la familia residió en la casa de la madre de la mujer, subsistieron con los ingresos de su trabajo y escolarizaron a los niños. Peña Cuevas desempeñó en ese periodo algunos trabajos temporales y cobró la prestación por trabajos que había efectuado España pero, al llegar los meses de agosto y septiembre, Joel se vio sin trabajo y las autoridades alemanas lo excluyeron de las prestaciones básicas porque llevaba menos de tres meses en el país.

En la exposición de su informe, Wathelet recordó ayer que en una sentencia precedente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que “el Estado miembro de acogida no está obligado a conceder el derecho a una prestación social a un nacional de otro Estado miembro o a los miembros de su familia para residencias por un período de hasta tres meses”.

Sin embargo, opinó que cuando el Tribunal considera que esas prestaciones se dirigen esencialmente a facilitar el acceso al mercado de trabajo, “el Derecho de la Unión y, más concretamente, la libre circulación de los trabajadores se oponen a que los nacionales de otros Estados miembros queden excluidos de tales prestaciones”.

En este sentido, explicó que el contexto familiar –en el caso de Joel, el tener escolarizados a sus hijos- así como la búsqueda efectiva y real de trabajo durante un período razonable, acreditan la vinculación con el país de acogida y deberían ser base suficiente para la concesión de la prestación. 

Ahora le toca decidir al Tribunal. Pero sus decisiones suelen seguir en el 90% de los casos el criterio del abogado general.

 


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