No es la primera vez que se comenta la posibilidad de que el gobierno aplique la tijera en las prestaciones por desempleo. De hecho, hace unas semanas, el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho aludía a esa posibilidad aunque con un matiz: se haría una vez superada esta fase de crisis.
Hoy algunos medios de comunicación se han echo eco de una información en la que afirmaban que el gobierno se estaba planteando reducir las prestaciones de tal manera que ahora se cobra el 70 por ciento de la base en los seis primeros meses y el 60 por ciento a partir del séptimo mes y en un futuro, esos porcentajes se podrían situar en el 60 y el 50 por ciento respectivamente. Tampoco descartaban estas informaciones que el ministerio obligase a tener un mayor periodo de cotización para acceder a las prestaciones. La base de esta información era la partida presupuestaria destinada al pago de las prestaciones que consideran claramente insuficiente.
A las pocas horas, el propio ministerio ha salido al paso de estas información y a través de una información de Europa Press, han negado que se vaya a producir un recorte en las prestaciones aunque están estudiando varias posibilidades para «vincular más y mejor» las políticas activas de empleo con las pasivas.
«En el Ministerio no estamos estudiando nada de recortar prestaciones», señalaron a Europa Press fuentes de Trabajo, que salieron así al paso de algunas informaciones que apuntan a que el Gobierno quiere meter la tijera en las prestaciones por desempleo.
Las mismas fuentes explicaron que si el presupuesto de este año para el pago de prestaciones no fuera suficiente, se recurriría a un crédito extraordinario, como ya se ha hecho en otras ocasiones. De hecho, el año pasado el Gobierno tuvo que recurrir a un crédito de casi 17.000 millones de euros para pagar el desempleo.
El Ejecutivo enmarcó ese crédito extraordinario de 17.000 millones de euros dentro de los compromisos establecidos en el diálogo social.
De hecho, en el decreto de medidas urgentes contra el paro, el Gobierno adquirió el compromiso de incrementar las dotaciones presupuestarias en la cuantía que fuera necesaria para garantizar el derecho de los trabajadores desempleados a cobrar la protección por desempleo.
Para este año, el presupuesto para garantizar la cobertura por desempleo asciende a 30.612 millones de euros, un 58,7% más que en 2009.
De esta cantidad, 24.625 millones de euros están destinados al pago de las prestaciones contributivas (+61,3%); 4.732 millones son para el abono de subsidios (+66,8%); 790 millones para el REASS (-3,1%), y 465 millones de euros para la Renta Activa de Inserción (+25,5%).