Samuel Parra, un joven parado de 26 años, descubrió hace un año que desde la página web del Servicio Estatal de empleo se podía acceder a todos los datos de los desempleados registrados, tanto los que estaban en paro en ese momento como los que lo habían estado alguna vez. Dicho de otro modo: los datos personales del 60% de la población española.
Samuel, que había sido sancionado por no sellar la tarjeta del paro en el día que le correspondía, y por tanto dejó de recibir la prestación durante un mes, descubrió este fallo cuando intentó revisar desde su casa sus datos de registro. No sólo descubrió que era posible acceder a todo tipo de información personal sobre los desempleados, sino que, además, se podía modificar dicha información.
Para el que se pregunte cómo es posible que Samuel lo descubriera, hay que aclarar que el chico es informático. A pesar de que se denunció este grave erroe en diciembre de 2008, han sido necesarios 15 meses para solventarlo.
Así, La Agencia Española de Protección de Datos, resolvió en diciembre de 2009 declarar que el Servicio Público de Empleo Estatal había infringido gravemente el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos; y que el Servicio Regional de Empleo de la Región de Murcia había infringido el artículo 5 de la misma ley.
