En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba ha informado de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere poner en marcha una nueva agenda social. Para ello, ha señalado que la voluntad del Gobierno es reconstruir el diálogo social cuanto antes. «Esa es la instrucción que ha recibido el ministro de Trabajo del presidente del Gobierno», ha dicho.
Dentro de esa agenda social, Rubalcaba ha destacado que la reforma de las políticas activas es un «punto obligado». «Es una reforma estructural, no es una reforma más, es una reforma de calado», ha subrayado el vicepresidente.
Rubalcaba ha recordado que España gasta anualmente unos 8.000 millones de euros en políticas de activas, más o menos lo que gasta el Ministerio del Interior o lo que se dedica a la seguridad de los españoles. «Es una cantidad importantísima», ha apuntado.
La idea, ha dicho, es que todo ese dinero se gaste de una manera «eficaz» teniendo en cuenta que el empleo es ahora la principal preocupación del país.
«Lo que vamos a intentar con esta reforma es que los desempleados estén el menor tiempo posible en el paro, vamos a mejorar su empleabilidad, la capacidad de alguien para encontrar su empleo», ha subrayado Rubalcaba, que ha explicado que, mediante el consenso, se intentarán conseguir cambios «sustantivos» en las políticas activas de empleo en los próximos dos meses.
TRABAJO QUIERE TENER LISTA LA REFORMA EN ENERO.
De hecho, el Ministerio de Trabajo ha señalado que en las próximas semanas Gómez se dirigirá a los agentes sociales y a las comunidades autónomas para iniciar el proceso de negociación de esta reforma, con objeto de tenerlo ultimado en enero de 2011. «En esta negociación el Gobierno está dispuesto a discutir todas las propuestas que las partes presenten con objeto de alcanzar el mayor consenso posible», ha asegurado Trabajo.
A pesar del importante volumen de recursos que se destinan a las políticas activas de empleo, su nivel de recursos es muy limitado en comparación con los países europeos que sirven como modelos de referencia en esta materia, por lo que Trabajo quiere que se refuercen progresivamente, a medida que las condiciones económicas lo permitan.
Actualmente, la estructura del gasto en políticas activas del Estado se distribuye aproximadamente en tres tercios: un tercio se destina a bonificaciones a la contratación, otro tercio a programas de empleo y el tercio restante, a programas de formación.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
Según Trabajo, las tres grandes claves de la reforma pasan por hacer esta modificación «con una visión a largo plazo», por conjugar la competencia normativa del Estado con la competencia de ejecución de las políticas activas que tienen las comunidades autónomas, y por combinar la actuación de los servicios públicos de empleo con la de los agentes privados de intermediación.
«Los servicios públicos de empleo deben estar más próximos a las personas desempleadas, conocer mejor sus necesidades y prestarles apoyo desde que entran en el desempleo hasta que encuentran un empleo», asegura el Ministerio.
Para ello, considera que deben fortalecerse los servicios públicos de empleo, reordenar las actuales partidas del gasto en políticas de empleo, mejorar la organización y funcionamiento de las oficinas de empleo, y, en los próximos años, incrementar sus recursos humanos, materiales y tecnológicos.
«Junto a ello, debería buscarse la colaboración público-privada en la intermediación laboral, preservando la centralidad de los servicios públicos de empleo», ha destacado el Ministerio.
En cuanto a las bonificaciones, Trabajo considera imprescindible una evaluación permanente del nuevo sistema para verificar si cumple los objetivos previstos y, a medio plazo, tender hacia un modelo en que las bonificaciones empresariales a la contratación tuvieran un menor peso en la composición del gasto público en políticas activas de empleo.
Asimismo, entiende que los actuales programas de empleo destinados a las personas desempleadas -muchos de ellos diseñados 25 años atrás- también deberían ser objeto de una revisión en profundidad para adecuarlos al contexto del siglo XXI.
En el capítulo de formación, Trabajo cree que la reforma debería ir encaminada a incrementar la eficacia del sistema incluyendo, entre otras medidas, un sistema global de análisis de las necesidades y potencial del conjunto de los desempleados.
Por último, el Departamento que dirige Valeriano Gómez apuesta por que la reforma de las políticas activas de empleo profundice en la vinculación entre los programas de empleo en los que participan las personas desempleadas y las prestaciones del sistema de protección por desempleo.
CAMBIOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó este viernes los cambios de los directores generales de Trabajo, de Empleo y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tras la remodelación, el hasta ahora jefe de la Unidad de Apoyo del Gabinete para el Diálogo Social, Raúl Riesco, pasará a ser el nuevo director general de Trabajo.
Por su parte, el antiguo subdirector general de Ordenación Normativa de la Dirección General de Trabajo, Demetrio Vicente, pasará a ocupar la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Actualmente estaba destinado en la dirección territorial de la Inspección en Madrid.
Por último, el consejero técnico del Servicio Andaluz de Salud Antonio Toro, ha sido nombrado como el nuevo director general del Servicio Público de Empleo Estatal.
