Gómez señaló que el plan contra la economía sumergida persigue «estimular las finanzas públicas», por lo que no supone «sólo» luchar contra la economía irregular, sino que debe ser valorado como una herramienta para «mejorar» las cuentas del Estado. No obstante, el ministro de Trabajo no quiso avanzar detalles sobre este plan antes de presentárselo a los agentes sociales.
Reiteró que la lucha contra el empleo irregular debe darse en todos los gobiernos de la UE y señaló que la economía sumergida crece tanto en época de crisis como de auge, por lo que las autoridades fiscales, las inspecciones de trabajo y de la Seguridad Social «no deben nunca bajar la guardia».
Además, negó que el trabajo irregular dependa del tamaño de las economías y desmintió que en los países mediterráneos o del sur de Europa el empleo sumergido sea más alto que en países centroeuropeos.
España «no tiene una economía sumergida mucho mayor que la alemana o la sueca», dijo, tras señalar que así lo demuestran varios estudios.
