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Nº Parados 24/09/2018

SEPE
3182068
EPA
3490100

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El Gobierno quiere que los desempleados sin prestación que dejarán de recibir la ayuda de 426 euros pasen a formar parte de los "salarios de inserción de las comunidades autónomas", y que ese salario esté "vinculado" a las políticas activas de empleo autonómicas, según ha explicado el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en una entrevista concedida a Europa Press.  

La idea, ha precisado el ministro, es “acompañar” a las personas  “en un proceso de formación hacia la inserción laboral, no para que se queden ancladas en el subsidio permanente”. Este nuevo mecanismo formará parte de la “reformulación” de las políticas activas de empleo que presentará a principios de año el titular de Trabajo, Valeriano Gómez.



   Jáuregui ha dejado claro que el Gobierno no prevé crear un “concepto económico nuevo” y que los programas de “formación y acompañamiento a la inserción laboral” se integrarán “en lo que ya existe”, unos 8.000 millones de euros al año, aportados por el Estado y ejecutados por los gobiernos autonómicos, para las políticas activas de empleo.

   De este modo, lo que el Gobierno central financiará son los programas de formación, en lugar de dar, como este último año y medio, una ayuda directa a la persona. “Las políticas activas de empleo estarán destinadas a objetivos distintos, tendrán que integrar a este tipo de personas, entre otras”, ha señalado.

   Además, ha recordado que el Gobierno siempre dijo que los 426 euros era una ayuda “muy coyuntural”, y que terminaría en febrero de 2011 y ha señalado que la reducción de gasto que supondrá su supresión “forma parte de la política de consolidación fiscal”.

QUE EL EMPLEO SE REACTIVE EN 2011

  En todo caso, ha señalado que el Gobierno espera que la creación de empleo “empiece a reactivarse” en 2011 y, en ese contexto, “es bueno estimular la inserción laboral de las personas y no anclarlas en el subsidio”.

   Jáuregui ha puntualizado que esta medida es la única del paquete aprobado el viernes por el Gobierno que implica un recorte de gastos, de manera que el nuevo decreto ley no es un “plan B de ajuste de gasto”, sino un plan “que incrementa la agenda reformista del Gobierno” para fomentar la contratación, el crecimiento y el funcionamiento de la economía.

   En cuanto a si éstas –especialmente la supresión de ese subsidio– serán un nuevo factor de desgaste para el PSOE entre sus electores, ha insistido en que el Ejecutivo no está “mirando a las encuestas ni a la remontada política”, sino “al país” y a la “necesidad imperiosa” de mostrar su solvencia y de tener confianza en sí misma.


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