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Nº Parados 19/09/2018

SEPE
3182068
EPA
3490100

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El Gobierno y los agentes sociales ultiman el plan de lucha contra el empleo irregular, que será analizado este miércoles por el Consejo de Ministros con el fin de acelerar su aprobación. Los sindicatos y la patronal estudian desde la semana pasada el borrador que les remitió el Ejecutivo y que contempla duplicar las sanciones a las empresas con empleo sumergido o castigar a los parados que trabajen y cobren una prestación social al mismo tiempo.  

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo el pasado viernes que el Ejecutivo quiere aprobar el plan con la máxima celeridad, aunque precisó que no hay una fecha “exacta”, ya que se quiere tener en cuenta las aportaciones de los agentes sociales.



De momento, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que el plan estará en vigor antes del verano, entre mayo y junio, y ha adelantado que conllevará cerca de 265.000 actuaciones de la Inspección de Trabajo.

Para las empresas, la cuantía de las multas, en función de los casos, podría elevarse desde los 6.521 euros hasta los 400.000, mientras que la sanción para los desempleados que combinen protección por paro con un trabajo irregular podría ser la pérdida automática de la prestación.

Recientemente el ministerio de Trabajo cifró en 250.000 los expedientes abiertos al año por este incumplimiento.

Gómez ha señalado en sucesivas ocasiones que el plan no supone una “amnistía” para las empresas infractoras, sino “incentivos” para que hagan aflorar ese empleo sumergido durante un periodo de gracia de hasta tres o cuatro meses, transcurrido el cual las sanciones aumentarían más del cien por cien.

En este sentido, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, recordó hace unos días que la Inspección de Trabajo y Hacienda ya lucha contra la economía sumergida.

Se trata, según Granado, de un plan “más ambicioso” que dé un “incentivo más potente a las empresas” para regularizar situaciones ilegales.

Granado también negó que supusiera una “amnistía”, aunque considera que ante las dificultades que atraviesan muchas empresas por la crisis hay que ser “sensibles” y “primar un bien mayor” que es hacer aflorar los empleos sumergidos. Trabajo ha cuantificado la economía sumergida en España entre el 15 y el 25 % del PIB.

Un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), difundido el mes pasado, calcula que el trabajo sumergido tuvo un impacto sobre la recaudación fiscal de entre el 5,4 y 5,6 % del PIB entre 1980 y 2008. FUNCAS también cifraba en más de cuatro millones de personas el número de trabajadores irregulares.

El número total de desempleados registrados en los servicios públicos de Empleo era de 4,33 millones de personas el mes pasado. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó el plan contra el empleo irregular en el paquete de medidas que presentó en la cumbre de la UE el mes pasado en el marco del Pacto por el euro.


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