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Nº Parados 22/05/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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Confirmado por el presidente del Gobierno aunque lo había avanzado  unas horas antes el ministro de Fomento, José Blanco quien reconoce que se aprobó un decreto pensando que tenía unos efectos que en la práctica no tiene. Por su parte, Rodríguez Zapatero también ha abierto hoy en Lanzarote esta posibilidad, una vez se estudie la repercusión del Real Decreto aprobado el pasado 13 de agosto.   

El ministro de Fomento, José Blanco, ha informado hoy en Cádiz de que el Gobierno está estudiando la “situación creada” tras la puesta de la ayuda extra de 420 euros a los parados que hayan agotado la prestación y ha adelantado que el Ejecutivo ofrecerá “en las próximas horas” una “respuesta positiva” para “tratar de garantizar una prestación que necesitan muchas familias” españolas, afectadas por la crisis.



 

En declaraciones a los periodistas, Blanco ha reiterado que “probablemente hubo un problema de información” en relación con esta medida porque, en su opinión, “se aprobó un decreto que se pensaba que tenía unos efectos que no tenía”.

No obstante, ha señalado que el Gobierno “está observando la inquietud que ha generado” y “en las próximas horas” ofrecerá una respuesta que trate de garantizar una prestación que “necesitan muchas familias como consecuencia de la situación de desempleo que se ha generado en el país a raíz de la crisis económica que vive el conjunto de la economía mundial”.

Blanco ha sido el primero pero no el único en dejar abierta esta posibilidad. José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado que el Gobierno estará dispuesto a “hacer más eficaz la medida y la prestación”, para que “abarque al mayor número de personas que lo puedan necesitar”. Para ello, ha optado por reunirse con los sindicatos antes que tomar ninguna otra decisión al respecto y tratar esa posible mejora “con la evaluación que exige y el rigor que exige”.

Desde Lanzarote, el presidente del Gobierno ha decidido salir hoy al paso de las numerosas críticas que ha recibido el nuevo decreto de ayuda a los parados sin prestación. El aspecto más controvertido ha sido la reducción del número de beneficiarios, ya que sólo pueden acceder al cobro del nuevo subsidio los parados que hayan dejado de percibir la prestación a partir del pasado 1 de agosto.

En este sentido, Zapatero ha justificado el escaso carácter retroactivo en que “siempre surge la duda sobre dónde se pone el inicio de la prestación”, ya que entiende que se “plantea el problema de por qué antes y por qué después”. Por ello, ha defendido que el Gobierno pensó que “una posición razonable era el momento de la aprobación”. Además, ha restado importancia a este aspecto, recordando que para situaciones de falta de ingresos existen las rentas de inserción que gestionan las comunidades autónomas


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