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Nº Parados 23/06/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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Se trata de una reforma laboral que entrará en vigor en momento que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado aunque el gobierno ha decidido tramitarla como Proyecto de Ley, según ha confirmado la vicepresidenta primera María Teresa Fernández De la Vega, encargada de presentarlo, por lo que su trámite se prolongará durante un año. Una empresa sólo tendrá que acreditar pérdidas para justificar despidos objetivos (que implican una indemnización de 20 días por año trabajado), sin un periodo determinado para ello, explicó el titular de Trabajo, Celestino Corbacho. Te dejamos además el Real Decreto completo aprobado por el gobierno.  

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Corbacho afirmó no obstante que las causas objetivas de un despido “siempre debe determinarlas un juez”, por lo que se mantiene la tutela judicial efectiva, y aseguró que el texto del decreto ley se ha modificado para “arrojar claridad”.



Asimismo, dijo que el Gobierno “no espera” que este concepto sea modificado durante la tramitación del decreto ley en el Parlamento como proyecto de ley a través de las enmiendas que puedan presentar los diferentes grupos parlamentarios.

“Queremos lograr que la recuperación económica se traduzca en más y mejor empleo”, ha insistido De la Vega, para lo que el nuevo texto “adecua las retribuciones a la realidad de las empresas. Se posibilita, además, introducir un arbitraje voluntario y más precisión mayor de las causas por el despido que darán más seguridad jurídica en la contratación, asegura.

“Se trata de una reforma con la que el Gobierno quiere lograr que la recuperación se traduzca en más y mejor empleo y más estabilidad laboral, además de incrementar la productividad y la competitividad”, ha señalado De la Vega. “Hemos intentado el máximo consenso, no ha sido así (…) pero hemos querido recoger el espíritu de la aportación de los agentes sociales que no la han apoyado”. “Ya hemos contactado con los grupos parlamentarios, y el texto se tramitará como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. “El Gobierno afronta esta reforma desde la convicción de su necesidad, desde la responsabilidad y el diálogo”, ha finalizado.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, encargado de detallar cómo será el nuevo marco jurídico laboral, ha hecho hincapié en la necesidad de reducir la temporalidad, que afecta a unos ocho millones de personas en España. “El 92% de contratos que operan en nuestro país son temporales y queremos que este contrato sea una auténtica alternativa a esta situación, algo que no afectará a los contratos fijos actualmente existentes”.

En resumen, la reforma supondrá “certeza, seguridad para el empresario y el trabajador, es un instrumento de referencia para la contratación estable con vocación de permanencia”, ha asegurado. El nuevo marco ampara al colectivo que personas de entre 31 y 44 años (hasta ahora ajeno a ese colectivo) que hayan tenido un trabajo fijo y tras ser despedidos puedan  firmar un contrato estable de fomento, de 33 días por año. “Con ello se dan más oportunidades a personas que están atrapadas en la temporalidad”.

Otra de las novedades articuladas será que el Fondo de Garantía Salarial se hará cargo del pago de ocho días de los despidos en todos los contratos indefinidos ordinarios, y no sólo en los de fomento del empleo, como antes había previsto el Gobierno.

La reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros ha incluido algunas modificaciones respecto al documento del viernes, entre ellas que el abono de ocho días de la indemnización por despido por parte del Fogasa no incluirá sólo a los contratos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido improcedente), sino también a los contratos indefinidos ordinarios (45 días de indemnización).

También se ha retrasado dos años el plazo para elevar de ocho a 12 días la indemnización por fin de contrato temporal, algo que empezará a aplicarse a partir de 2012, de tal forma que la indemnización irá subiendo un día por año, hasta llegar a un total de 12 días en 2016.

Despido procedente cuando se demuestren pérdidas
Respecto a las causas de despido objetivo, uno de los puntos que más rumores ha suscitado en los últimos días, Corbacho ha reconocido que el documento recoge los motivos para el despido, entre las que concurre “una situación negativa para la empresa”, algo que la empresa tendrá que demostrar. El ministro ha reconocido que no saber a cuántas personas puede afectar esta causa de despido en un país azotado por la crisis económica.

En relación con la incorporación del llamado “modelo austriaco”, Corbacho ha anunciado que el fondo de capitalización se diseñará mediante la tramitación de un proyecto de ley en el plazo de un año y que, en ningún caso, supondrá la elevación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, informa Efe.

Las ETT podrán operar en la administración pública


Otra novedad recogida en el decreto ley es el levantamiento del veto a las ETT para que puedan operar en el sector público. Así las ETT podrán colocar a parados en el sector de la administración pública, por lo que se levanta la restricción a la actividad de las agencias privadas de colocación en el sector público.

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