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Nº Parados 23/05/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, se ha mostrado partidaria de que las administraciones den "pasos a la hora de ayudar a las personas a renegociar sus propios préstamos", así como de "abrir una vías que alivien la presión de las personas más vulnerables".  

Zabaleta se ha referido, de esta forma, a los desahucios a los que se enfrentan las familias vascas que no pueden hacer frente a las hipotecas.



Tras señalar que “hay que ir al fondo de la cuestión”, ha recordado que, en Euskadi, hay “un sistema amplio de protección social, ya que tenemos las ayudas de emergencia social que contemplan también la posibilidad de poder dar ayudas para el pago de los préstamos, de los alquileres y en estas situaciones en las que uno incluso tiene contraída una deuda”.

A su juicio, “hay que ir profundizando en esa dirección” y al mismo tiempo cree que las administraciones, “como interlocutores con las entidades bancarias, debemos de dar pasos a la hora de ayudar a las personas a renegociar sus propios prestamos o abrir una vías que alivien la presión de las personas más vulnerables”. “Ahí tenemos todo un terreno de trabajo y de compromiso que desarrollar”, manifestó la consejera.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae-Euskadi, considera que las acciones del movimiento 15-M, encaminadas a frenar los desahucios, son necesarias, si bien propone que se modifique progresivamente el objetivo de las protestas hasta lograr detener los embargos hipotecarios. La razón es que cuando el proceso llega al lanzamiento judicial, ya existe una orden firme por parte de un magistrado que es imposible incumplir. A esas alturas, lo único que se puede conseguir es un aplazamiento del desalojo, por lo que Adicae plantea ahora que el Gobierno y los grupos parlamentarios aprueben una moratoria que obligue a los bancos a conceder tres años sin pagos a las familias. En esos tres años en las que las familias con problemas no se vieran obligadas a pagar, podrían reponerse económicamente y pagar una vez transcurrido el plazo.

Paralelamente, Adicae demanda una reforma del sistema hipotecario que permita ampliar los motivos de oposición a la ejecución hipotecaria o extender las facultades del juez para determinar la deuda, acabar con el “expolio” que suponen los criterios económicos en los embargos y regular los intereses “usurarios”.


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