Ángela L. S. y María Concepción P.B. han llegado a una conformidad por la que se les condena a 21 meses de prisión y el pago de una indemnización por responsabilidad civil de 15.000, cantidad correspondiente al escaso número de perjudicados que llegaron a denunciar los hechos. Se da el caso de que la gran mayoría de los afectados se ha inclinado por callar la estafa, bien por vergüenza bien porque, en muchas de las ocasiones, los jóvenes eran inmigrantes que se encontraban en situación irregular en España. El cotejo de las cuentas bancarias de ambas ha llevado a concluir a las Fuerzas de Seguridad del Estado que pudieron reunir casi 150.000 euros antes de ser descubiertas.
Las dos condenadas utilizaban como reclamo un anuncio en diversos medios de comunicación locales y provinciales de toda España en el que podía leerse: «Necesitamos personal masculino de todas las edades, trabajar urgentemente». La publicidad incluía un número de teléfono 902 que atendía una de las empresarias bajo el falso nombre de Miranda.
Ésta ofrecía a los jóvenes interesados pingües beneficios por realizar labores de compañía con clientas seleccionadas y les pedía que ingresaran una cantidad de entre 189 y 600 euros. Así, cientos de afectados realizaron el ingreso solicitado tranquilizados por el hecho de que las cantidades no eran muy altas para no generar desconfianza. No obstante, nunca recibieron llamada alguna de la supuesta Miranda.
