Esta es una de las conclusiones del informe ‘Análisis y perspectivas 2016’ de la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), titulado ‘Expulsión social y recuperación económica’, que se ha presentado hoy en Madrid.
Para elaborar el Informe, los expertos del Comité Técnico de FOESSA han utilizado los indicadores que cualifican la cohesión social y que miden la fractura social de un país: la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la exclusión social. [Solicita información sobre cursos de formación para auxiliares en distintas especialidades]
Y se evalúan en qué medida las CC.AA. parten con mayores fortalezas y debilidades. Se ha comparado el año 2009, en el que se produjo el primer impacto de la crisis, con el período 2014-2016, donde los datos económicos y de desempleo comienzan a cambiar. La lectura de estos indicadores arrojan los siguientes resultados.
Renta
Los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%.
Las CC.AA. con mayor renta media inicial experimentan las menores caídas, de manera que aunque las posiciones relativas en el ranking se mantienen casi constantes, las diferencias entre regiones aumentan en este período. [Si quieres mejorar tu formación, visita además nuestro canal de cursos, másteres y oposiciones]
Desigualdad
Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. En la mayor parte de las CC.AA. el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis. Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha son las CC.AA. donde el 20% más pobre ha caído más. Las dos únicas CC.AA. donde ha crecido la renta de los más ricos han sido Aragón y Galicia.
Las variaciones en la desigualdad en las CC.AA. indican que existen diferentes razones que las originan y que ahondan en la heterogeneidad territorial de nuestro país. Por ejemplo, mientras Navarra apenas ha crecido en las rentas medias pero sí en los extremos, Aragón ha aumentado la desigualdad tanto en las rentas medias como entre los más ricos y los más pobres.
Pobreza
Aumenta el riesgo de pobreza en todas las CC.AA. y en el conjunto nacional la variación anual media es del 9% si anclamos el umbral de pobreza en el año 2009.
Las mismas Comunidades siguen estando en los extremos de la clasificación de las tasas de pobreza, una situación que se repite desde hace décadas.
Si se analiza la pobreza según el nivel de vida de cada región, el resultado varía en Comunidades como Aragón, La Rioja y Asturias, donde el aumento se dispara, y Navarra y País Vasco, que lo contendrían debido a sus mejores sistemas de protección social.
Desempleo
Durante el período 2009-2016, la evolución del paro de la persona referencia en el hogar muestra un empeoramiento en las CC.AA. mejor posicionadas a comienzos de la crisis y una cierta mejoría o estabilización en las que se encontraban peor.
Respecto a los hogares con todos sus miembros activos en paro, no ha habido ninguna Comunidad Autónoma que haya logrado reducir esta situación a niveles anteriores a 2009.
En 14 CC.AA. 4 de cada diez desempleados serían parados de muy larga duración.
En cuanto al número de hogares sin ingresos, los mayores incrementos se han producido en las CC.AA. en que el número de hogares afectados era el menor en el 2009. Asturias, Navarra y especialmente Galicia destacan en su incremento.
Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos anteriores a la crisis, ya de por sí elevadas, puede suponer hasta siete años.
Consecuencia del modelo social
Como ha señalado Natalia Peiro, las dificultades que revela el Informe “responden a una cuestión de modelo social, de cómo nos planteamos la construcción de nuestra sociedad. No es una consecuencia de la crisis. Lo que sí han empeorado como consecuencia de la crisis son las condiciones de vida para que las personas y familias puedan abrir un nuevo periodo de mejora, porque su posición ya no es la misma y tampoco sus oportunidades”.
Otro factor preocupante es que estas consecuencias se estén haciendo invisibles para una parte de la sociedad y que ese proceso vaya a más. “Se trata de algo ya experimentado también en otras crisis: en el año 2007, por ejemplo, la exclusión social de la población española era del 16,3% y afectaba a más de 7,3 millones de personas. Pero casi nadie lo percibía”, ha afirmado la directora de Comunicación de Cáritas.
El Informe desvela que estamos asistiendo a lo que se denomina proceso “contracíclico” y que, como explicó Guillermo Fernández, consiste en que “ante periodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente; sin embargo, en fases de crecimiento no desciende en la misma medida e, incluso, permanece estancada”.
Natalia Peiro ha urgido a “recuperar para la política de lo social a los ignorados, los no útiles, los expulsados, sobre todo en un momento como el actual, donde el deterioro de un sector significativo de la sociedad exige una mayor altura de miras, a la que nuestros partidos no han sabido responder todavía”.
Propuesta para rescatar a las personas más vulnerables
Para ello, en la rueda de prensa se desglosó una propuesta de FOESSA y que Cáritas recoge en el documento de Propuestas ante las elecciones generales presentado a todas las fuerzas políticas, para incorporar a tres colectivos insuficientemente protegidos en nuestro marco de garantía de rentas: los hogares en pobreza severa, los trabajadores y trabajadoras pobres y a las familias con hijos e hijas a cargo. Esa meta implica poner en marcha tres medidas de carácter complementario:
Primera. Creación de una Renta Garantizada que cubra un mínimo equivalente en el conjunto del territorio del Estado. Se estima un coste de entre 2.700 y 3.600 millones de euros para una cobertura entre el 75% y el 100% de los posibles hogares sin ingresos beneficiarios de la prestación.
Segunda. Extensión de la Renta Garantizada a través de un programa de bonificación al empleo. Tendría un coste estimado de entre 2.300 y 5.200 millones de euros.
Tercera. Aumento de la protección a la familia y la infancia a través de la ampliación de la cobertura de la actual deducción fiscal reembolsable para familias numerosas, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos. El coste de una medida de estas características supondría una inversión cercana a los 7.000 millones de euros, introduciendo elementos de condicionalidad de renta.
En suma, alrededor de 10.000 millones de euros sería la cifra necesaria para garantizar la adecuada protección de esos grupos sociales más vulnerables.
