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Cada trabajador del antiguo INEM se ocupa de una media de 269 parados, la segunda cifra más alta de Europa

Cada trabajador de los servicios públicos de empleo en España se hace cargo de una media de 269 demandantes de empleo, según el informe bienal sobre la economía española de la OCDE. Sólo Irlanda nos supera, con 778 demandantes de media por cada trabajador. Por el contrario, la menor carga de trabajo se registra en Reino Unido (22), Dinamarca (36) y Alemania (47).

Nuestro país tiene la cifra elevada, a pesar de ser el cuarto con mayor número de trabajadores en los servicios públicos de empleo (21.400), sólo por detrás de Alemania (110.000 empleados), Reino Unidos (72.900) y Polonia (23.800).

Ante estos datos, la OCDE reclama en su informe una “reasignación” de partidas presupuestarias de otras áreas de gasto a mejorar la activación de los parados. El primer objetivo debe ser aumentar la eficiencia de los servicios públicos de empleo. Sería deseable también según la OCDE un aumento del número de trabajadores de los servicios públicos de empleo aunque “sería costoso”.

Por otro lado, la OCDE incide en la necesidad de que el sistema de protección por desempleo español profundice en las obligaciones que tiene el parado que cobra la prestación.

En cuanto a las reformas del gobierno español en materia laboral, la OCDE cree que hay margen para profundizar en ellas. Así, propone que el ejecutivo incremente paulatinamente los requisitos de representación aplicables tanto a sindicatos como a patronales en la negociación del convenio colectivo e insta a las empresas a que se adhieran a los convenios sectoriales. De esa forma, cree el organismo, se favorecería la flexibilidad salarial y la entrada de nuevas empresas.

El organismo internacional destaca que el porcentaje de despidos declarados procedentes se ha duplicado desde 2010, algo que califica de “mejora”. Sin embargo, podría ser necesario clarificar más profundamente la distinción jurídica entre procedente e improcedente.

La OCDE lamenta que el gobierno español no haya seguido algunas de sus recomendaciones como la mayor reducción de la indemnización por despido improcedente o la creación de un contrato único.

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