Según la Diputación, los convenios que permitirán formalizar los contratos se firmarán con municipios de menos de 2.000 habitantes.
Se podrán beneficiar de esta iniciativa, las personas en riesgo de exclusión social, prioritariamente los perceptores de renta garantizada de ciudadanía y colectivos que hayan agotado sus prestaciones, como mayores de 50 años suscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público, durante al menos dos años ininterrumpidos.
Entre los beneficiarios también se incluyen víctimas de la violencia de género, personas con incapacidad permanente, participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo y personas que hayan sido víctimas de un despido colectivo.
En todos los casos, las personas beneficiarias deben ser desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
