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Nº Parados 14/11/2018

SEPE
3254703
EPA
3490100

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El Gobierno foral ha aprobado un proyecto de ley foral que establece una nueva regulación de la renta básica, que pasa a denominarse renta de inclusión social, que incluye la exigencia de acreditar una residencia continuada y efectiva en Navarra de al menos dos años, frente al año actual. Además podrán perder esta ayuda aquellas personas que rechacen una oferta de trabajo.  

Esta es una de las novedades de esta norma que además recoge el requisito de residir legalmente en España, algo que ya se está regulando en otras comunidades autónomas, según ha informado en rueda de prensa la consejera de Política Social, Elena Torres, quien ha precisado al respecto que “Navarra no podía ser una isla, el Gobierno no debe apoyar ilegalidades”.



La constatación de que el sistema no estaba respondiendo a la situación real debido a la actual crisis económica es lo que ha llevado al Ejecutivo a plantear estas modificaciones, ha señalado Torres, quien ha apuntado que con ello se busca además de la inclusión social y sociolaboral de los perceptores, luchar contra el fraude que se había detectado en un número “importante” de casos.

La norma, que será remitida al Parlamento para su aprobación, establece dos itinerario, uno dirigidos a las familias en situación de exclusión social, que demandan una prestación económica finalista que satisfaga sus necesidades básicas y les ayude a integrarse socialmente; y otro, para personas que se han quedado sin empleo y sin derecho a prestaciones y subsidios laborales.

La cuantía de la prestación se mantiene en 641,40 euros al mes cuando el beneficiario es una persona, una cifra que va en aumento en función del número de integrantes de la unidad familiar hasta un máximo de 962,10 euros cuando son cinco o más miembros.

La concesión de la renta tendrá, con carácter general una duración de seis meses renovables por periodos similares hasta un máximo de 24 meses, aunque desde el decimotercer mes la ayuda será del 90 % del importe previstos, según la consejera, que ha precisado que caben excepciones, ya que “la regulación no se ha hecho para dejar a nadie fuera del sistema”.

Como excepción ha citado el caso de quienes están ya percibiendo la renta básica y no cumplen el requisito de los dos años de residencia, estos continuarán recibiendo esta ayuda.

Entre los aspectos novedosos del proyecto ha citado el establecimiento de una serie de obligaciones para los perceptores, como la de mantenerse disponibles para el empleo. De hecho el rechazo de una oferta de empleo durante el periodo de percepción de la prestación conllevará su pérdida.

Además los perceptores de la prestación deberán en unos casos participar en cursos de formación para mejorar su empleabilidad y en otros realizar actividades de cooperación, servicios al voluntario que redunden en beneficio de la sociedad que serán determinadas en cada caso particular por los servicios sociales de base.

Entre sus obligaciones figuran también la de escolarizar y garantizar la asistencia activa, continuada y permanente a los centros escolares de los menores pertenecientes a la unidad familiar durante la etapa educativa obligatoria, destinar la ayuda a la finalidad para la que ha sido otorgada y administrar responsablemente los recursos disponibles para evitar el agravamiento de la situación económica o de exclusión.

Torres, quien ha defendido el nuevo sistema como “justo, sostenible y adaptado a la realidad”, ha comentado que, a la espera de que lo apruebe el Parlamento previsiblemente en los primeros meses del 2012, están ya trabajando en los decretos forales que van a regular cada uno de los itinerarios.

Antes de su aprobación hoy en sesión de Gobierno, Torres presentó el pasado 3 de noviembre el anteproyecto de esta ley en una comisión parlamentaria, en la que los portavoces de NaBai, Bildu e I-E se mostraron contrarios a incrementar a 24 meses la residencia en Navarra y alguno de ellos expusieron sus dudas sobre la conveniencia de establecer dos itinerarios diferentes.

En aquella comparecencia, en relación con el fraude Torres comentó que entre 60 expedientes inspeccionados de forma aleatoria se habían encontrado con que el 37 % no cumplía los requisitos exigidos.


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