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Nº Parados 16/10/2018

SEPE
3202509
EPA
3490100

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La Diputación foral de Guipúzcoa ha activado un servicio gratuito de asistencia jurídica para personas en riesgo de desahucio que ofrece asesoría especializada a quienes disponen de menos recursos y se encuentran en peligro de perder su vivienda.  

En un comunicado, el portavoz de la Diputación, Imanol Lasa, ha explicado que este servicio está dirigido a ciudadanos de Gipuzkoa que “estén en riesgo de perder su vivienda habitual o de exclusión social derivado de situaciones de sobreendeudamiento”.



Según ha indicado, se ayudará y asesorará “de manera personalizada” a las personas en riesgo de desahucio, en el ejercicio de las actividades de mediación y las acciones legales que elijan para defender sus derechos. [Ver cursos para Auxiliares de distintas especialidades]

Asimismo, la Diputación convocará el día 16 de diciembre un taller de trabajo con técnicos forales y de los ayuntamientos de Gipuzkoa, para “conocer la realidad exacta municipio a municipio, poner en común las iniciativas que se están poniendo en marcha para dar respuesta a la problemática de los desahucios y potenciar el servicio de asistencia puesto en marcha por la Diputación”.

Lasa ha apuntado que este taller estará coordinado por la dirección de Convivencia y Derechos Humanos encabezada por Maribel Vaquero y supondrá un “primer paso para construir una red interinstitucional que permita mejorar la atención que se da a las personas afectadas, no solo en el ámbito jurídico”.

“Estamos ante una realidad muy dura y que hay que denunciar, pero las instituciones no podemos quedarnos en la simple crítica”, ha señalado, para añadir que el “deber” de la Diputación es “trabajar de forma conjunta para aportar soluciones”.

Lasa ha puntualizado que la encargada de llevar a cabo la asistencia jurídica será la letrada Yolanda de Pablo, con la que se ha firmado un contrato administrativo de servicios con una vigencia de un año por valor de 30.250 euros. Hasta ahora se han atendido los casos de cinco personas.

En el pliego de prestación de este servicio se han establecido una serie de topes en cuanto a los ingresos, ahorros y patrimonio. Si el caso se encuentra en fase pre-procesal, se tratará de personas que carezcan de recursos para costear su asistencia jurídica. Si se encuentra en fase procesal, podrán ser destinatarias las personas que hayan quedado fuera de la cobertura del servicio de justicia gratuita y que no superen las condiciones económicas establecidas en el servicio.

También podrán acceder al servicio personas que hayan avalado el préstamo de una tercera persona deudora de buena fe que no haya podido pagar su deuda y a quienes la reclamación de la entidad financiera les pone en riesgo de perder dicha vivienda. Lasa ha afirmado que a través de estas acciones legalmente asesoradas el objetivo es “evitar la pérdida de la vivienda habitual y la consiguiente situación de exclusión”.

“Cuando esto no sea posible, se intentará retrasar lo máximo el desahucio, así como evitar efectos perjudiciales posteriores derivados de que se establezca la permanencia de una deuda viva”, ha finalizado.


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