El Plan de Empleo de este año acogerá contrataciones formalizadas por los ayuntamientos con carácter retroactivo a 1 de enero de 2015 y se podrá justificar hasta el 30 de julio de 2016. Además, cada ayuntamiento está obligado a destinar como mínimo el 85 por ciento de los recursos a nóminas y la seguridad social de los empleados. Y el máximo obligatorio que se exige para justificar gastos de formación es el 10 por ciento mientras que para adquisición de materiales se ha fijado el 15%. Los ayuntamientos tendrán autonomía plena para combinar cifras y porcentajes según sus necesidades.
De Lara ha explicado, asimismo, que tienen hasta el 15 de abril para solicitar el Plan de Empleo. Ha añadido que contra la certificación de inicio del plan se transferirá el 80 por ciento del importe de la cantidad asignada. Y el 20 por ciento restante tras la justificación total del gasto.
Las bases imponen criterios de selección con el objetivo de que los ayuntamientos den trabajo con carácter prioritario a las mujeres víctimas de la violencia de género y también a las familias que tienen todos sus miembros en paro, pero sólo a una persona por unidad familiar. Además, los ayuntamientos que contraten a personas con discapacidad dispondrán de recursos adicionales ya que se han reservado 226.800 euros.
Otros criterios que se tendrán en cuenta son la situación socioeconómica general familiar y la no prestación de subsidios por desempleo. Las contrataciones serán de seis meses a jornada completa a razón de 35 horas semanales con un salario mensual de 765 euros, aunque los ayuntamientos también pueden formalizar contratos a tiempo parcial.
