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Nº Parados 17/06/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, junto al subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, y al presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, presentó el primer Plan regional contra la economía irregular, que pondrá en marcha el Gobierno regional para perseguir los comportamientos que “atentan contra los derechos de los trabajadores y afectan negativamente a la competitividad de las empresas”.  

Sotoca anunció que el Plan verá la luz en el último trimestre de 2012 y que su finalidad principal es “sumar esfuerzos para estrechar el cerco a los defraudadores”. Destacó que se trata de “reforzar” la colaboración entre las administraciones para incrementar la eficacia en la lucha contra la economía irregular en todos aquellos supuestos en los que se actúa al margen de la legalidad vigente, como la ausencia de afiliación y alta de trabajadores en activo, el pago de parte de la nómina en ‘dinero negro’, o la compatibilización ilegal de trabajo no declarado con la percepción de prestaciones o subsidios.

El Plan, diseñado por la Consejería y los agentes sociales de la Región, contempla 11 medidas “para impulsar la detección, control y corrección de este tipo de prácticas”, y el establecimiento de protocolos de intercambio de información con el conjunto de organismos públicos competentes.

Por una parte, la Comunidad firmará un protocolo con la Federación Regional de Municipios por el que los distintos ayuntamientos informarán a la Consejería de cualquier indicio de actividad no declarada, como por ejemplo obras detectadas por los servicios de inspección urbanística, inmuebles que no figuren en el catastro, producción de residuos relacionados con actividades empresariales o económicas, denuncias de actividades ruidosas o molestas, o actividades profesionales no declaradas.

También se suscribirá un protocolo de colaboración con las consejerías con competencias en materia de Hacienda e Industria para el intercambio de datos y detección de actividades irregulares relacionadas con el pago de impuestos autonómicos, las declaraciones de fallidos por insolvencia de empresas o las declaraciones de actividad en industria, entre otras.
El consejero explicó que será la Dirección General de Trabajo la que informará de las posibles conductas fraudulentas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su investigación y actuación correspondiente. En este sentido, Sotoca añadió que esta colaboración entre las tres administraciones públicas “nos permitirá ganar en eficacia y eficiencia en un ‘frente de batalla’ que es común para todos”.

El consejero destacó otras iniciativas que conforman este Plan, como la creación de una vía específica y directa de comunicación de denuncias “que asegure la celeridad en su tramitación”, y la planificación, en la comisión territorial entre Gobierno regional e Inspección de Trabajo, de campañas de inspección específicas en sectores y temporadas con mayor presencia de economía irregular.

Entre las medidas resalta también la posibilidad de que la Administración regional pueda solicitar a la Inspección, con carácter general, la aplicación de sanciones accesorias en casos de falta de alta y cotización. Sotoca se refirió a la pérdida para la empresa de ayudas, bonificaciones y planes de empleo o la prohibición de acceso a ningún tipo de ayuda en dos años.
Asimismo, el Plan contempla la necesidad de que se adopten fórmulas tendentes a fomentar y estimular la regularización de prácticas laborales y fiscales fraudulentas y a potenciar la creación de empresas y empleo en colectivos y territorios afectados por altos niveles de economía sumergida y sectores en riesgo de exclusión.

Para Sotoca, estas medidas demuestran que la colaboración y la planificación conjunta de actuaciones “es la mejor forma de controlar y perseguir comportamientos que no deben encontrar en la descoordinación entre administraciones el mejor caldo de cultivo para la clandestinidad”, y subrayó que “la erradicación de este tipo de conductas es el paso previo e imprescindible para cimentar sobre bases sólidas el crecimiento económico de la Región”.

Se trata de unas medidas que responden al compromiso adquirido el pasado 13 de enero en el Acuerdo Marco para el crecimiento económico y la creación de empleo de la Región de Murcia.

Sotoca quiso aclarar que “esta clase de mal llamados empresarios no son ni mucho menos la regla general en el tejido productivo regional, sino una excepción”, dijo, “que está llamada a tener una presencia cada vez más residual en la economía murciana, porque así lo queremos todos y porque estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para lograrlo”.

Por último, el titular de empleo subrayó que “este Plan nace con la intención de ser complementario y ayudar al éxito de las medidas que se están diseñando e implantando por parte del Gobierno de la Nación” y, en este sentido, destacó que el Pan presentado permite que la Comunidad “de forma pionera en el conjunto nacional” sumará a las medidas nacionales “el esfuerzo coordinado de la Administración regional y las corporaciones locales de la Región”.

 



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