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La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano ha anunciado esta semana la elaboración de un plan extraordinario de empleo para Carboneras y su comarca. Se trata de regenerar la zona de El Algarrobico, de actualidad por la polémica construcción de un gran hotel a pie de playa que será demolido una vez sean firmes los pronunciamientos judiciales.
Según Serrano, una vez sea restituida la legalidad urbanística en la zona, se aplicará un plan de empleo en el que ya se trabaja, para “poner en valor el Cabo de Gata como espacio único en el mundo y que sea conocido por sus valores medioambientales y no por un problema de alteración de legalidad urbanística”.
La consejera ha añadido que se trata de construir riqueza en la comarca desde la sostenibilidad y la preservación de los valores medioambientales. El plan de empleo ya se contemplaba en el protocolo suscrito en 2011 entre la Junta andaluza y el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para cofinanciar la demolición del hotel y la restauración del paraje.
El largo proceso judicial ha prolongado el problema en el tiempo, y ahora, en lo que parece ser la recta final, se vuelve a hablar de ese plan que entre otras cosas recoge medidas como la puesta en marcha de una escuela-taller , dirigida a jóvenes, para restaurar ecosistemas costeros del entorno de la playa de El Algarrobico. Además, en el citado protocolo, ambas administraciones se comprometían a contar con empresas locales tanto para la demolición como para la gestión de escombros y la restauración de la zona.
El gobierno andaluz confía en que la licencia municipal de obras aprobada en 2003 sea anulada y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “confirme” la sentencia de 2008 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería. Por otro lado, la junta iniciará los trámites para formalizar la propiedad del suelo donde se asienta el hotel una vez se resuelvan los recursos que al parecer han presentado la promotora y la constructora ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones del Alto Tribunal que validan el derecho de retracto ejercido por la Junta.
