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Nº Parados 14/08/2018

SEPE
3135021
EPA
3490100

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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes el decreto ley de la Renta Mínima de Inserción Social, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y que beneficiará a alrededor de 45.000 familias y 120.000 personas.

Aprobada en Andalucía la renta mínima de inserción social que entrará en vigor el 1 de enero de 2018

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes el decreto ley de la Renta Mínima de Inserción Social, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y que beneficiará a alrededor de 45.000 familias y 120.000 personas.  


El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes el decreto ley de la Renta Mínima de Inserción Social, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y que beneficiará a alrededor de 45.000 familias y 120.000 personas.

 

En sus presupuestos para 2018, la Junta ha destinado una partida de 198 millones de euros para este fin. Ahora, con el decreto definirá los criterios de reparto de esta renta, que oscilará entre los 419,52 y 779,87 euros y no tendrá en cuenta otros ingresos como las pensiones de alimentos o de orfandad para su cálculo, de manera que sea “un refuerzo y apoyo de protección a la infancia”.

 

La aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales se concede por doce meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias, frente a los seis del hasta ahora salario social, Y el plazo fijado para la concesión de la renta es de dos meses. [Solicita información sobre cursos de formación a distancia]

 

Los nuevos colectivos incluidos son los inmigrantes y los mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión.

 

Además, el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad.

 

Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

 

Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) y no se tendrán en cuenta para el importe la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo tanto contributivas como no contributivas, las pensiones de orfandad, la remuneración por acogimiento, las pensiones de alimentos y las prestaciones económicas para personas en situación de dependencia.

 

Tampoco computarán las becas para la educación o formación y transporte, los ingresos procedentes de asistencia a cursos y los contratos de formación para jóvenes, así como las ayudas del sistema de protección destinadas a los mismos, los inmuebles declarados en ruinas y las subvenciones públicas para vivienda habitual.

 

De acuerdo con el Decreto ley, el Servicio Andaluz de Empleo, junto con los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida el solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado.

 

También se prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses, con lo que se elimina el “efecto perverso”, según la consejera de Igualdad.

 

Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial.

 

Para agilizar la tramitación administrativa se eliminan las comisiones de valoración y se crea la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

 

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