Empleo ha informado en un comunicado de las nuevas medidas que prepara el Gobierno en apoyo a los autónomos y la economía social tras la reunión que la ministra Fátima Báñez ha mantenido con los representantes de Cepes, ATA, UPTA, CEAT, Uatae y Fopae.
El Gobierno propone para los autónomos ampliar a todos los grupos de edad la posibilidad de compatibilizar la prestación del desempleo con el inicio de una actividad emprendedora durante un máximo de nueve meses.
En cuanto a la economía social, el Gobierno ha planteado medidas para facilitar la incorporación de nuevos socios a estas empresas y para ello ampliará las bonificaciones para los jóvenes y creará una nueva para mayores de 30 años.
Estas propuestas, según Empleo, tienen como objetivo dotar de una «mayor transparencia y seguridad jurídica» a los incentivos que afectan al trabajo por cuenta propia y la economía social. Respecto a los autónomos, con independencia de su edad, Empleo propone que puedan capitalizar en un pago único hasta el 100% de la prestación por desempleo.
Además, los trabajadores por cuenta propia que se han acogido a la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social podrán contratar sin perder los incentivos del autoempleo.
En este sentido, el Gobierno defiende incluir a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género en los supuestos de la tarifa plana y se extienden los incentivos para las personas con discapacidad. Empleo ha planteado también medidas de apoyo para la economía social, que define como «una fuente de creación de empleo estable» y una «importante plataforma» de acceso al trabajo para personas con dificultades de inserción laboral o que se encuentran en riesgo de exclusión.
El texto ampliará las bonificaciones existentes para facilitar la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción a las sociedades ordinarias. Asimismo, reconoce a los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas y las sociedades laborales como «servicios de interés económico general».
Báñez también ha anunciado que el Gobierno prepara una nueva ley para las sociedades laborales y participadas para adaptar estas empresas «a la nueva realidad económica».
De esta manera, el texto propuesto define a las sociedades laborales como entidades mercantiles en las que al menos el 50 por ciento de los trabajadores deben ser socios y poseer, al menos, el 50 por ciento del capital social y el 50 por ciento del derecho a voto.
La empresa participada será la que, sin cumplir los requisitos anteriores, promueva la participación de los trabajadores. En relación a estas sociedades, el Gobierno propone simplificar los requisitos para su creación y favorecer que los trabajadores tengan mayor protagonismo en la toma de decisiones, entre otras medidas.
