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Nº Parados 25/06/2018

SEPE
3335868
EPA
3796100

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha  anulado parcialmente la base de una convocatoria de la Generalitat que  indicaba que las acciones de formación para parados tenían que ser  impartidas en lengua catalana, al entender que dicha disposición excluye  el castellano y vulnera la Constitución.
 

Una sentencia rechaza que los cursos de formación para desempleados en Cataluña sean obligatoriamente en catalán

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado parcialmente la base de una convocatoria de la Generalitat que indicaba que las acciones de formación para parados tenían que ser impartidas en lengua catalana, al entender que dicha disposición excluye el castellano y vulnera la Constitución.    

La sentencia, que contiene un voto particular discrepante, estima así parcialmente el recurso interpuesto por el Estado para que se invalide la base 14 de la Orden del Servicio de Empleo de Catalunya (SOC) de septiembre de 2012, por la que se establecían las bases reguladoras y se abría la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de formación dirigidas a personas desempleadas.



La base en cuestión indicaba que las acciones de formación tenían que ser impartidas en lengua catalana y los materiales didácticos elaborados por las entidades beneficiarias tenían que ser elaborados al menos en catalán.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social decidió recurrir esta base al considerar que era “contraria al principio de cooficialidad lingüística y al deber de conocimiento del castellano que establece el artículo 3 de la Constitución”. Entendía, por tanto, que dicha base era “contraria al régimen constitucional”, ya que excluía el castellano de las acciones y suponía “un desequilibrio entre las dos lenguas cooficiales en perjuicio del castellano”.

En su sentencia, el TSJC señala que la base 14 es contraria a la Constitución, ya que utiliza “de forma clara y evidente” la expresión ‘las acciones han de ser impartidas en lengua catalana’, perífrasis verbal de obligación que impone la realización en catalán. “Nos encontramos ante una obligación y no tan sólo ante una simple recomendación o intención”, señala el Tribunal, que subraya que el incumplimiento de esta premisa “puede dar lugar a la revocación de la subvención concedida en caso de incumplimiento”.

Para el TSJC, por tanto, “está claro” que la base 14 vulnera lo establecido en la Constitución, imponiendo la obligatoriedad en la utilización exclusiva de la lengua catalana y “una exclusión de la lengua castellana no constitucionalmente admitida”. Respecto a la parte de la base 14 que indicaba que los materiales didácticos elaborados por las entidades beneficiarias tenían que ser elaborados al menos en catalán, el Tribunal considera que se ajusta a derecho, dado que la expresión ‘al menos’ “evita una interpretación excluyente”.

La sentencia cuenta con un voto particular discrepante, el de la magistrada Montserrat Figuera, que entiende que el artículo 14 de la orden del Servicio de Empleo de Catalunya “es una manifestación del uso normal de la lengua propia de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que prevé el artículo 6 del Estatut”.

En su escrito, la magistrada afirma que la base no excluye el castellano de las acciones de formación, en tanto que el precepto permite que los materiales docentes sean en castellano y los alumnos pueden usar esta lengua siempre que lo deseen. Opina, pues, que la base 14 en cuestión se ajusta a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del Ordenamiento jurídico.

 


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